Gobierno dice estar convencido de la necesidad de eliminarlo por ineficaz, pero pese a los escándalos, la historia ha demostrado que es una corporación casi que intocable.
El Consejo Superior de la Judicatura representa, para sus defensores, una garantía para la autonomía de la Rama Judicial.
El tema no es nuevo y desde hace por lo menos 12 años los gobiernos de turno han hecho sus respectivas propuestas de reformar a la justicia, con un tema infaltable: la eliminación o reestructuración del Consejo Superior de la Judicatura. Andrés Pastrana habló de ello, pero nunca pudo sacar adelante una iniciativa en ese sentido. Álvaro Uribe incluyó suprimir la entidad en su propuesta de ‘poda institucional’, que buscaba hacer más eficaz el funcionamiento del Estado. Y ahora el gobierno Santos habla de la necesidad de reemplazarlo o hacerle una “gruesa reingeniería”.
“El Gobierno está absolutamente convencido, lo estuvo desde el comienzo y lo está ahora más todavía, de la necesidad de reemplazar a un Consejo de la Judicatura que ha resultado ineficaz, que ha resultado muy inferior a las expectativas y que les ha dado tan malas noticias a los colombianos a lo largo de los años, pero sobre todo en los últimos tiempos(…) su reemplazo está planteado desde el lado administrativo y desde el lado disciplinario”, ha dicho el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, refiriéndose a lo que se ha convertido en un punto fundamental para el gobierno Santos en su intento propio de reforma a la Rama.
La historia muestra que el Consejo Superior de la Judicatura ha sido una corporación cuestionada, envuelta en sucesivos escándalos —el más reciente, el denominado ‘carrusel de las pensiones’— y señalada de despilfarros en materia de contratación y viáticos de desplazamientos de sus funcionarios, de inoperancia a la hora de sancionar a jueces y abogados, así como de estar politizada. Pero, al mismo tiempo, se ha visto que a pesar de los embates, las propuestas de reforma o eliminación nunca prosperan y que en el mismo Congreso de la República pareciera existir un ‘blindaje’ cuando se quiere ‘meterle mano’ al asunto.
Casi todos los análisis coinciden en que el problema nace del proceso mismo de elección de sus magistrados. “El mecanismo creado por la ley ha abierto las puertas para que así como allí llegan profesionales de altos méritos y amplios conocimientos, también aterricen otros que son más duchos en ‘lagartear’ nombramientos que en la ciencia del derecho. Y por esa vía se ha abierto un boquete de prácticas incorrectas”, advierte el abogado Eduardo Muñoz Serpa.
En efecto, los siete magistrados que conforman la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura —encargada de investigar y disciplinar a jueces y abogados— son elegidos por el Congreso de ternas presentadas por el presidente de la República. En cuanto a los magistrados de la Sala Administrativa, estos son designados por las otras altas cortes, lo cual asegura su independencia del Gobierno, pero al mismo tiempo tiene el problema de que no representan a ninguno de los actores del sistema judicial, como jueces, empleados judiciales, fiscales y abogados litigantes.
Ayer el actual vicepresidente de la corporación, magistrado Jorge Armando Otálora, se mostró preocupado por la visión del ministro Esguerra y tras señalar que “aquí no se dejan madurar las instituciones cuando ya se están eliminando”, dijo que la entidad representa la verdadera autonomía de la Rama y, ante los cuestionamientos, estar dispuestos a someterse a cualquier auditoría sobre sus competencias, funcionamiento y resultados.
Un reto riesgoso si se tiene en cuenta que según un reciente informe de la Contraloría Delegada para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad, son evidentes los incumplimientos para los objetivos del Plan Nacional de Descongestión y en obras cruciales para el desempeño de la justicia en varias regiones del país se presentaron atrasos injustificados con detrimento para las finanzas del Estado por $490 mil millones.
Por los lados del Capitolio Nacional prefieren caminar con cautela para evitar suspicacias, como las que se dieron recientemente con algunos nombramientos de magistrados del alto tribunal en el gobierno Uribe —como el de Angelino Lizcano, exsecretario general de la Cámara de Representantes— y con los fallos de la Sala Disciplinaria en los que se invalidaron sentencias de la Corte Suprema en asuntos de la yidispolítica y la parapolítica.
Que tiene poder, de eso nadie tiene duda, ni en la Rama Judicial ni entre los congresistas. Aún así, el representante conservador Miguel Gómez Martínez se atreve a hacer una radiografía de lo que sucede: “Allí hay un poder gigantesco, hay un presupuesto colosal y uno de los problemas serios de la justicia en nuestro país es el régimen de carrera judicial. Hay un problema muy serio: la calidad y la selección de los funcionarios de la Rama Judicial no es la mejor Y cuando uno le quiere meter diente a ese hueso hay mucha gente a la que no le conviene que se toque ese asunto”.
Otros, como el senador del Polo Jorge Robledo, ven en la postura del Gobierno otras intenciones: “Hay una necesidad de administrar bien la justicia, porque los que lo han hecho hasta ahora lo han hecho mal. Eso no necesariamente quiere decir que la institución no deba estar. Lo que está intentando el Gobierno es que la administre directamente el presidente de la República, lo cual viola la separación de los poderes. Y no cabe duda de que el Consejo de la Judicatura se mantiene porque hay poderes que se mueven en uno y otro sentido”. Y Armando Benedetti, de la U, es concluyente: “Es verdad que el Congreso no los ha querido acabar porque seguramente les han ayudado con alguna gobernabilidad”. Como quien dice, intercambio de favores.
