Gobierno mantiene su defensa
No paran las críticas contra la reforma a la justicia, que está en la etapa final del trámite en el Legislativo y que a juicio de organizaciones representantes de la sociedad civil se ha convertido en una iniciativa con la que los parlamentarios pretenden librarse de procesos disciplinarios y penales. Pese a los reproches, el Gobierno la defiende y sostiene que ha sido un trámite serio en el cual se han tenido en cuenta los planteamientos de las altas cortes, el Ejecutivo y el Congreso.
Al margen de este debate, existe una realidad evidente con la mala imagen del legislativo, generada por los procesos jurídicos en contra de muchos congresistas y por uno de los episodios más complejos: la parapolítica, en el marco del cual cerca de 80 parlamentarios han sido procesados y, en la actualidad, de acuerdo con una investigación realizada por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), hay más de 30 que podrían tener deudas con la justicia.
Para los críticos de la reforma, varios de los temas que se abordan van en claro beneficio de los congresistas, con el agravante de que ahora, gracias a una enmienda tramitada en 2010, no existe la obligación de declararse impedidos para participar en las discusiones. El director del Centro de Estudios Constitucionales Plural, Armando Novoa, plantea que “de este modo se pone en tela de juicio la legitimidad del proyecto, pues no tiene presentación que investigados, familiares y amigos de ellos sean los que decidan sobre las sanciones”.
Agrega Novoa que “la reforma modifica el régimen disciplinario y sancionatorio, por lo tanto no tiene sentido que decidan sobre una iniciativa que terminarán autoaplicándose”, y recordó que “en 1989, durante el gobierno de Virgilio Barco, se trató de tramitar una norma tan descabellada y el Gobierno finalmente le retiró su apoyo”.
Con el mismo ahínco, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, defiende la seriedad con la que se ha discutido la iniciativa y sostiene que “de todas las propuestas que se han presentado esta es la mejor, y lo es porque es el fruto de debates y discusiones en los que se ha tenido en cuenta los planteamientos del Congreso, del Gobierno y de las cortes, que pese a haberse retirado de la discusión, siguen aportando de manera informal”.
Esguerra señala que “acá estamos hablando de una serie de postulados, como la institución de la doble instancia y la separación entre la investigación y el juzgamiento. Por otro lado, estamos haciendo la revisión sobre un punto de la Constitución en el cual basta mirar las causales, porque quedaron mezcladas unas muy graves con otras de mucha menos significación, y no todas pueden representar una sanción, como la pérdida de investidura”.
El debate está abierto y las posiciones frente al texto que está cerca de concluir su trámite parecen irreconciliables. Y aunque quedan tres debates para mejorar el contenido, será el tiempo el que dé la razón sobre las implicaciones de la enmienda constitucional.
