Varios congresistas de distintos partidos están preparando proyectos para evitar que se repitan historias como la de la reforma a la Justicia. La idea es acabar, de una vez por todas, con los micos que se trepan en las leyes. ¿Será posible?
Después de la tormenta de la reforma a la justicia, los congresistas aún no encuentran la calma. Siguen desconcertados con la actitud del Gobierno, siguen buscando a los verdaderos responsables pero, sobre todo, buscan la forma de recuperar su desprestigiada imagen ante la opinión pública.
Una de ellas es evitar que episodios como el de la reforma, en el que se colgaron ‘micos’ de última hora que sólo fueron detectados cuando el proyecto había sido aprobado, se repitan.
El actual reglamento del Congreso no impide que artículos con características de mico sean atajados. Y por eso, la fórmula es reformar ese reglamento.
El término ‘mico’ se ha utilizado desde tiempos remotos para denominar “artículos sin unidad de materia y ajenos a la naturaleza de determinado proyecto”, según lo define el excongresista Darío Martínez.
Los micos aparecen con vestimenta de legalidad en cualquiera de los debates por los que tiene que pasar cada proyecto, a través de las llamadas “proposiciones”. La proposiciones no son más que las propuestas de determinados congresistas para “enriquecer o mejorar” el proyecto, pero terminan con otras finalidades.
Ante ese diagnóstico, algunos congresistas alistan varios proyectos denominados “cazamicos”. Uno de ellos es el que radicarán los representantes Germán Varón (Cambio Radical), Guillermo Rivera (P. Liberal) y Alfonso Prada (P. Verde) para reglamentar el trámite de las proposiciones y también el de la conciliación, una instancia que parecía marginal, pero que se ha convertido casi en el último debate de los proyectos.
Las proposiciones a veces se redactan a mano, tienen que estar soportadas con la firma del congresista o los congresistas que la proponen, algunas tienen rúbricas ilegibles, se leen a la carrera y hasta se aprueban a pupitrazo. En muchas ocasiones las proposiciones incluidas en el último minuto no son revisadas ni estudiadas con cuidado, por lo cual es muy probable que los micos se cuelguen a través de este mecanismo, a todas luces legal.
Según Alfonso Prada, es importante limitar las proposiciones y ponerles un marco de tiempo. Por esto, él propone un proyecto que reforme el reglamento del Congreso donde se establezca que las proposiciones deben ser radicadas 48 horas antes de cada debate y publicadas en el diario oficial.
Por su parte, Germán Varón, de Cambio Radical, también cree que nadie tiene en cuenta las consecuencias de las proposiciones, las cuales surgen de la inmediatez y a veces, incluso, son usadas para negociar o intimidar a los ponentes. Por esto, también es importante que las firmas que acompañan las proposiciones sean legibles para saber quiénes la apoyan, pues los garabatos de los congresistas son una costumbre de antaño. Estos dos congresistas creen que habrá ambiente en el Congreso, pues después de la debacle de la justicia, nadie regalará una firma para una proposición y todas serán estudiadas con más detalle cuando el tiempo lo permita.
Prada, Varón, Rivera y Roy Barreras, senador de la U y quien será el presidente del Congreso, también están viendo qué posibilidades existen de reglamentar la etapa final de las leyes: la ya famosa conciliación.
Según Prada, debe existir un capítulo en la Ley 5 expresamente dedicado a las conciliaciones. Aquí debe quedar claro quién puede ser conciliador, quién los nombra y cómo opera la conciliación.
Por ejemplo, debe quedar consagrado en la ley que en esta etapa sólo se puede acoger el texto del Senado o de la Cámara o lograr un equilibrio entre lo mejor de los dos textos sin desnaturalizar el espíritu del proyecto de ley. “Por ningún motivo se podrá incluir artículos nuevos que no hayan sido debatidos en comisiones y en plenarias”, propone. Y por último, expresiones famosas como la unidad de materia de la consecutividad deben quedar bien explicados en la ley quinta.
Para Varón, “es impensable que 12 congresistas cambien a su gusto lo que aprobaron 268”. Para esto, él dice que no se pueden mezclar, escindir o borrar artículos o parágrafos. Para el representante de Cambio Radical debe quedar claro quién puede estar presente en la conciliación y también es clave que quede establecido un límite de tiempo para entregar el texto antes de ser puesto a consideración de las plenarias. “Dejar las conciliaciones para último minuto es parte de los vicios del Congreso que hacen que los micos surjan”, dice.
Barreras, próximo presidente del Senado, también tiene unas ideas sobre cómo reglamentar las conciliaciones. Para él, sólo pueden integrar la comisión de conciliación aquellos congresistas que pertenezcan a la comisión que estudió el proyecto y deben ser autores o ponentes del mismo.
Coincide con Varón en que la premura de las conciliaciones “es un peligro”. “Las conciliaciones deben ser socializadas durante dos semanas a través de audiencias públicas y, por otro lado, las bancadas deben conocer el proyecto conciliado antes de ser votado. Aunque esto alargue el trámite de las leyes, es un seguro contra los micos”, dice.
Los congresistas esperan que estas iniciativas ayuden a relegitimar el Congreso, al igual que esperan que se conviertan en un seguro antídoto contra una de las mayores pestes que históricamente ha lastimado al Congreso: los micos. Sólo así, capítulos oscuros como el de la reforma a la Justicia —donde se colaron hasta orangutanes— quedarán en los libros de historia y no se volverán a repetir.
