La comisión encargada de conciliar el proyecto de acto legislativo de reforma a la justicia penal militar dio a conocer el texto definitivo de la propuesta que pasaría a segunda vuelta.
En el texto conciliado se mantiene la creación de un Tribunal de Garantías Penales, que tendrá competencia en todo el territorio nacional y en cualquier jurisdicción penal.
Dicho tribunal servirá de juez de control de garantías en cualquier investigación o proceso penal que se adelante contra miembros de la fuerza pública. El organismo estaría integrado por ocho magistrados, cuatro de los cuales serán miembros de la fuerza pública en retiro.
En la propuesta se mantiene la lista de delitos que en ningún caso podrán ser conocidos por la justicia penal militar, como los de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada, tortura, ejecución extrajudicial, desplazamiento forzado, violencia sexual y reclutamiento o uso de menores.
En ese sentido, cuando la conducta de los miembros de la fuerza pública en relación con un conflicto armado sea investigada y juzgada por las autoridades judiciales, se aplicará siempre el Derecho Internacional Humanitario.
Según el articulado, si en desarrollo de una acción de la fuerza pública ocurre alguna conducta que pueda ser punible y exista duda sobre la competencia de la justicia penal militar, excepcionalmente podrá intervenir una comisión técnica integrada por representantes de la jurisdicción penal militar y de la jurisdicción penal ordinaria, apoyada por sus respectivos órganos de policía judicial.
Así mismo, los procesos penales que se adelanten contra los miembros de la fuerza pública y que se encuentren en la justicia ordinaria continuarán en esta. Los demás delitos serán de conocimiento de la justicia ordinaria hasta que se expida una ley estatutaria.
La norma contempla la creación de juzgados y tribunales penales policiales y permitiría adoptar un Código Penal Policial.
La votación del informe de conciliación se llevará a cabo esta semana en las plenarias del Congreso.
