El Congreso, con 100 parlamentarios- casi todos integrantes de la coalición de Gobierno- procesados detenidos o condenados y, otros muchos a la expectativa de su propio calvario judicial, tampoco puede ser objetivo a la hora de evaluar las posiciones gubernamentales. No es un asunto de dogmática jurídica sino de balance de mando. La casi totalidad de los acusados por parapolítica no vacilaron en desprenderse de su condición de congresistas para escapar de las garras de la Corte, y quedar en las manos “suaves” de la Fiscalía, a la que percibieron como más susceptible de presión e influencia presidencial.
El Gobierno Santos, que agrupa en la Unidad Nacional al 95 por ciento de los actuales parlamentarios, prácticamente subsumió en 25 artículos las 40 propuestas presentadas por la Comisión a la cual Álvaro Uribe le encomendó la tarea de elaborar un proyecto de reforma. Para los jueces, este intento de cambio, en semejante coyuntura de enfrentamiento, constituía un acto de revancha frente a la enhiesta actitud asumida por la magistratura, que al final terminaría salvando la institucionalidad, al no dejar prosperar la segunda reelección presidencial.
Las Cortes, no están constituidas por ángeles y nunca han sido ni podrán ser del todo ajenas al virus de la política, a la tentación de cierto nepotismo y a algunas prácticas clientelistas, afirman con razón que el problema principal es la carencia de recursos a la cual se “ha confinado durante décadas a la Rama”. Y que esta falencia crónica no se remedia mediante la privatización de la administración de justicia, entregada a notarios, abogados y árbitros, abandonando una de las funciones esenciales del Estado.
Los aspectos más álgidos en la disputa serán los que se refieren a la autonomía de la Rama, amenazada por una mayor concentración de poder en cabeza del Ejecutivo, la eliminación de su función nominadora, la competencia para investigar y juzgar a Congresistas, la competencia disciplinaria radicada hoy en el Consejo Superior de la Judicatura y el trámite de las acciones de tutela en contra de sentencias de las Altas Cortes.
El proyecto del gobierno Santos en aspectos sustanciales, tendría bastante lógica, en términos de pura hermenéutica, sino estuviera precedido de antecedentes tan cáusticos y si la reelección presidencial, incorporada al ordenamiento constitucional de tan deplorable manera, no hubiera dañado de manera irreparable -mientras subsista- la separación de poderes que es el fundamento de nuestro Estado Social de Derecho.
