Desde el pasado cuatro de febrero, cuando se profirió la tutela, hasta la fecha, han salido cerca de 40 fiscales de diferentes unidades y se han posesionado una veintena.
En la Unidad de Lavado de Activos han salido 28 de los 35 fiscales que llevaban importantes procesos de extinción de dominio. Y en la Unidad de Derechos Humanos ya fueron removidos 12 que dejaron en veremos casos históricos como los asesinatos del ex ministro Rodrigo Lara Bonilla, del líder de la UP Bernardo Jaramillo Ossa; atentados como el perpetrado al avión de Avianca por el extinto narcotraficante Pablo Escobar; el de la senadora Piedad Córdoba y masacres como las de La Gabarra.
Además de estos procesos también se verá afectada la Unidad de Justicia y Paz que se alimentaba, en muchos casos, de las declaraciones recogidas en los procesos de Derechos Humanos.
Según León Zárate, “es traumático para la Fiscalía sacar masivamente 2.100 funcionarios en 15 días, eso debió hacerse periódicamente para no afectar el curso de los procesos”.
Insistió en que el Fiscal General (e), Guillermo Mendoza Diago, deberá cumplir a cabalidad la orden de la Corte si no quiere incurrir en desacato, a no ser que tenga una causa mayor que justifique un eventual incumpliendo.
“Aquí viene y desmantelan muchas unidades en las que se adelantaban procesos de gran importancia nacional y que ya habían sido averiguados, trabajados y probados por largo tiempo”, sostuvo el vocero de los fiscales salientes.
Precisó que los nuevos fiscales demorarán un año o más en estudiar los procesos. Sin embrago, antes del 25 de febrero, el Fiscal General (e) deberá terminar los contratos.
