Este grupo se suma a los 14 distritos que ya lo estaban utilizando desde 2007.
Según reporte del Consejo Superior de la Judicatura, el Sistema se ha logrado implementar en forma gradual la Ley de acuerdo con las seis fases que se establecieron, de las cuales ya se han puesto en marcha cuatro. En los distritos que ya estaban funcionando, los jueces han atendido cerca de 19.000 solicitudes de Control de Garantías, de las cuales 41,05 por ciento corresponden a solicitudes de formulación de imputación. Así mismo, se realizaron 8,202 audiencias de conocimiento.
El balance de la Corporación muestra que en dichos distritos, los delitos por los cuales se judicializan los menores son, en su orden: el hurto con 42,08 por ciento, seguido del tráfico de estupefacientes con el 23,02 por ciento, el porte ilegal de armas 8,21 por ciento, lesiones personales 6,02 por ciento, homicidio 5,25 por ciento, delitos sexuales 2,41 por ciento. Otros delitos comportan el 13,01 por ciento.
A partir del primero de junio se implementa la Ley de Infancia y Adolescencia se espera lograr una cobertura del Sistema en 78 por ciento del país. Los nuevos distritos son: Antioquia, Cundinamarca, Ibagué, Neiva, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Sincelejo, Montería, Riohacha y Valledupar.
Para lograr la expansión, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura destinó un presupuesto de 10.300 millones de pesos para el fortalecimiento del aparato judicial, a través de la creación de 60 juzgados con 215 cargos y el apoyo de 41 cargos en las Salas Penales de Tribunal Superior y en los Centros de Servicios Judiciales para los Juzgados Penales para Adolescentes. De esta manera, se consolida un total de 256 nuevos cargos en los 11 Distritos Judiciales, dedicados exclusivamente a la atención de las causas de competencia de la Ley de Infancia y Adolescencia.
Cabe destacar que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, preparó los planes operativos para dotar de la tecnología y la infraestructura de salas de audiencia a los nuevos despachos y brindó formación especializada a los funcionarios judiciales.
“La implementación de la Ley ha permitido dar celeridad a la atención de casos penales en los que el infractor es un adolescente entre 14 y 17 años, bajo los esquemas procesales promovidos internacionalmente y que buscan entre otros propósitos, la protección del adolescente, la resocialización, la reparación de las víctimas y la construcción de tejido social”, señala comunicación escrita de la Corporación.
La Republica / 03 de junio de 2009
