Bogotá, 28 de agosto de 2020. A continuación, se realiza una transcripción del artículo publicado por El Tiempo. El texto y la imagen fueron tomados de su página web.
Independencia. Este es el mayor reto para la nueva procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, la primera mujer elegida para ese cargo, en el que se posesionará a comienzos del próximo año.
Cabello viene de ser hasta hace una semana ministra de Justicia, es decir, hacía parte del Gobierno al que ahora deberá vigilar, junto con los demás servidores públicos.
Además, fue magistrada del Tribunal Superior de Barranquilla, ternada a fiscal general en 2009, procuradora delegada ante la Sala Disciplinaria hasta 2012 y magistrada de la Corte Suprema de Justicia, a la que renunció en mayo de 2019, a pocos meses de terminar su periodo, para ocupar el cargo en la cartera de Justicia.
Su experiencia profesional, coinciden expertos, es buena, pero la gran preocupación está en cómo ejercerá su nuevo cargo alejada del Gobierno. Vivian Newman, directora de Dejusticia, resaltó que “el riesgo más grave que no se puede consolidar en un órgano de control es ser complaciente con el Gobierno, al que tiene que vigilar”, y añadió que Cabello podría no tener la distancia suficiente para ello por lo que podría convertir el ejercicio de la Procuraduría “en un cogobierno y no en la vigilancia y sanción a la que está llamada” ante irregularidades.
Y el exprocurador general Jaime Bernal Cuéllar dijo que Cabello debe “lograr total autonomía como órgano de control porque en la elección han participado muchas fuerzas políticas, lo que puede influir para que no opere correctamente”.
De los anteriores 14 procuradores que ha tenido el país, ninguno pasó directamente del Gobierno de turno al Ministerio Público. Ha habido algunos procuradores, como Alfonso Gómez Méndez en el gobierno de Virgilio Barco, que después fueron ministros, en su caso del gobierno de Juan Manuel Santos. Horacio Serpa fue procurador y ministro en un mismo gobierno, pero primero estuvo en el Ministerio Público, tras el asesinato del procurador Carlos Mauro Hoyos, y en 1990 fue brevemente ministro del Interior de Barco.
Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, explicó que Cabello, como jefe de la Procuraduría, “tiene el deber fundamental de autonomía para que no haya presión de ningún sector, e imparcialidad, para tratar a todo el mundo de igual forma”.
La preocupación por la autonomía no es solo por la Procuraduría, sino porque con la llegada de Cabello, el gobierno de Iván Duque consolida cercanía con todos los órganos de control y también con la Fiscalía, pues el fiscal es exfuncionario del Gobierno y amigo cercano del presidente.
Frente a esto, Newman dijo que la “concentración de poder es negativa para la sociedad, pues los órganos de control son para equilibrar y están por fuera del Gobierno para que puedan hacer seguimiento y sancionar”.
En un segundo reto, Cabello tendrá que mantener la capacidad de la Procuraduría de perseguir la corrupción, pero aplicando los ajustes que ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó a la Nación por violar derechos políticos de Gustavo Petro cuando fue destituido e inhabilitado por 15 años por la Procuraduría por su esquema de aseo. La Corte IDH dijo que autoridades administrativas no pueden limitar derechos políticos de personas elegidas por voto popular.
Para Bernal, Cabello tendrá la responsabilidad de analizar cómo se soluciona el tema de las funciones de la Procuraduría armonizadas con el fallo de la Corte IDH, y Newman consideró que el reto es doble, puesto que como el fallo de la Corte le quitó dientes a la Procuraduría frente a servidores elegidos popularmente, “su función disciplinaria se dirigiría ahora, principalmente, a los funcionarios del Gobierno, que son las personas con las que trabajó”.
A esto se suman retos en asuntos particulares como la investigación que lleva la Procuraduría por disturbios presentados en varias cárceles del país el 21 de marzo pasado, y en particular en la cárcel La Modelo, de Bogotá, en donde la situación dejó 23 presos muertos y 83 heridos.
Esto ocurrió cuando Cabello era la jefa del Ministerio de Justicia, y la Procuraduría investiga si hubo irregularidades en la retoma de la cárcel y si hubo exceso de fuerza de los guardias del Inpec, institución adscrita al Ministerio. “Ella le dijo a la opinión pública que fue un motín. ¿Si la investigación concluye que la causa de las muertes fue el mal manejo del Inpec, tendrá la distancia suficiente para condenar a su organismo adscrito?”, cuestionó la directora de Dejusticia.
Otro tema tiene que ver con la reforma de la justicia, algo que se ha intentado 18 veces desde 2002. Desde el Ministerio, en el que alcanzó a estar un año, Cabello venía trabajando en un borrador de reforma concertado con las altas cortes, pero la Procuraduría radicó esta semana en el Senado otro proyecto de reforma. ¿Apoyará ambas? Para Herrera, los proyectos podrían complementarse en lugar de contradecirse.
En todo caso, en su discurso, tras ser elegida por el Senado, aunque no mencionó la independencia ni la autonomía, Cabello dijo que la eficiencia y transparencia serán sus cartas de navegación y aseguró que trabajará porque a los ciudadanos lleguen centros de salud, colegios, seguridad y bienestar.
“El organismo vigila a los funcionarios públicos y son ellos los que tienen que dar esos resultados (…) La función pública debe estar al servicio de los resultados concretos, sin importar la ideología que la inspira”, afirmó.
La entidad llamada a actuar por todos
La Constitución le encargó a la Procuraduría prevenir irregularidades administrativas, vigilar a los funcionarios públicos e intervenir en los procesos judiciales en representación de los ciudadanos. Esto se traduce en advertir hechos violatorios de las normas, y sancionarlos cuando haya lugar.
La Procuraduría es la cabeza del Ministerio Público, del que hacen parte también la Defensoría del Pueblo y las personerías. Goza de autonomía administrativa, financiera y presupuestal y tiene 4.300 funcionarios.
Como órgano de control, está facultada para iniciar, adelantar y fallar investigaciones por faltas disciplinarias contra servidores públicos o particulares que manejen dineros del Estado. Puede suspender y destituir a los funcionarios de sus cargos hasta por 20 años, incluso a los de elección popular. Además, es sujeto procesal en los casos judiciales de todas las jurisdicciones ordinarias y especiales del país, ante las cuales actúa en nombre de la sociedad.
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