Bogotá, 20 de febrero de 2020. A continuación, se realiza una transcripción del artículo publicado por El Espectador. El texto y la imagen fueron tomados de su página web.
No fue posible. La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia votó negativamente la propuesta de que se levantara el secreto del voto y, con esa fórmula, apuntar a destrabar las elecciones que se requieren en el alto tribunal: siete vacantes y su propia presidencia. Las vacantes son urgentes porque la Sala solo tiene llenas 16 de sus 23 plazas, su quórum decisorio, y porque en siete días se queda con 15, pues sale del cargo el magistrado Ariel Salazar. La presidencia, por su parte, se la disputan Jorge Luis Quiroz y Gerardo Botero. Ante las diferencias internas, este último magistrado propuso una modificación al reglamento para que el voto fuera público, la cual había alcanzado el visto bueno en una primera ronda el pasado 6 de febrero.
Por tratarse de una modificación al reglamento, se necesitaban dos rondas. Pero este jueves, en una nueva sesión de Sala Plena, solo obtuvo 11 votos de los 16 necesarios. La propuesta buscaba cambiar el artículo 6 del Acuerdo 006 del 12 de diciembre de 2002 (con el cual se modificó el reglamento de la Corte) para que quedara así: “La votación para elegir funcionarios, empleados de la Corporación, para escoger candidatos a ternas o para integrarlas y las demás que le correspondan en cumplimiento de su función electoral serán públicas y nominales”. La justificación, que conoció este diario, era que el cambio se podía hacer porque el mandato de ser integrante de la Corte impone que todas sus decisiones sean transparentes.
La propuesta firmada por el magistrado Botero, apoyada por Ariel Salazar, decía que la falta de elecciones a tiempo y la situación actual de la Corte estaban provocando un “ostensible deterioro en la imagen de la administración de justicia, al minar su credibilidad y alentando la existencia de grupos constituidos para ejercer presión en la toma de algunas decisiones que interesan al país y a la comunidad judicial”. Además, buscaba que “cada uno de los magistrados que conformamos la Corporación den la cara al país, evitando especulaciones mal intencionadas y con intereses perversos, que generan diversas hipótesis mediáticas entorno a los autores de los bloqueos que desde años atrás se han venido presentando”.
El pasado 17 de febrero, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una acción de cumplimiento con la que la Corporación Excelencia en la Justicia busca que la Corte cumpla con sus funciones y haga las elecciones. “Si lo anterior no se surte, se está quebrantando el artículo 54 de (la ley Estatutaria de Administración de Justicia) con relación al quórum de liberatorio y decisorio”, dice el recurso. La Sala Plena no pudo elegir ni un magistrado este jueves, por lo que convocó a una sala extraordinaria para el próximo martes 25 de febrero.
