Bogotá, 19 de mayo de 2020. A continuación, se realiza una transcripción del artículo publicado por El Tiempo. El texto y la imagen fueron tomados de su página web.
Aunque ha sido uno de los objetivos principales de la Rama Judicial en las últimas décadas, una justicia digital es aún una realidad muy lejana.
Esto salió a relucir en un debate citado por la Comisión Primera del Senado para hablar de la suspensión de términos judiciales por la covid-19, pero que terminó siendo un jalón de orejas de los congresistas por el retraso histórico en digitalizar la justicia en Colombia y su efecto no solo en los casos judiciales producto de la pandemia, sino en la congestión judicial que ya tiene el país.
El año pasado, el inventario de procesos pendientes era de casi 1,9 millones, pero los asistentes al debate mencionaron que la pandemia agravaría aún más esa situación.
En este debate, en el que estuvieron la ministra de Justicia, los presidentes de las altas cortes, el Fiscal General, la Procuraduría y representantes de las notarías y gremios de abogados, la conclusión fue que aunque una parte de la justicia sigue activa, vía web, el avance en casos es limitado porque las posibilidades de audiencias virtuales son reducidas, no hay un expediente digital, y hay problemas de conectividad y hasta de fluido eléctrico que suman dificultades.
En medio del debate, Diana Remolina, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, explicó que en tiempo record construyeron un andamiaje TIC básico para continuar algunos proceso en línea, pero que ni el presupuesto ni la planta de la justicia ha crecido lo suficiente como para tener una verdadera plataforma de justicia digital, con expediente y firma electrónica, entre otros. “una planta de hace 20 años produce resultados de hace 20 años”, indicó. Aunque, añadió, con aliados internacionales están estructurando un proyecto para digitalizar al sector judicial.
A su turno, la ministra de Justicia, Margarita Cabello, dijo que en esta emergencia se ha priorizado la salud y por eso hay decisiones que limitan el acceso a la justicia, pero que el sector se está organizando para ir retomando los servicios que están suspendidos.
Añadió que para el Gobierno es fundamental digitalizar a la judicatura, algo que consignó en el Plan Nacional de Desarrollo y por lo que también trabajarán en la reforma a la justicia que presentarán al Congreso.
Igualmente señaló que el Ministerio lidera un proyecto de expediente electrónico en entidades públicas, lo que permitirá mejor interoperatividad entre sistema ejecutivo y judicial.
Frente a esta discusión, el director de la Corporación Excelencia en la Justicia, Hernando Herrera, dijo que el hecho de que este sector esté “en el pleistoceno informático” no solo aumentará –por la pandemia– la ya grande mora judicial sino que afecta la posibilidad de trabajo conjunto entre la Rama Judicial, el Ejecutivo y otras instituciones.
Pero otro lado del problema lo mencionaron, entre otros la senadora Esperanza Andrade, citante del debate: “No podemos decir que la justicia está funcionando. Funciona donde hay conectividad”.
Ese fue un reclamo que también hizo el fiscal general, Francisco Barbosa, quien pidió levantar la suspensión de términos de procesos, que rige por la pandemia, y puntualizó que pese a los esfuerzos por realizar algunos trámites virtuales, en muchos lugares, tanto en municipios remotos como en algunos colindantes a Bogotá, la baja conectividad y hasta fallas de energía han impedido el normal desarrollo de diligencias.
Estas cosas no solo afectan a funcionarios judiciales, sino también a los usuarios, señaló César Valderrama, director de investigaciones en sistema judicial de Dejusticia, quien explicó que aún hay un bajo acceso a internet y computadores en muchos lugares de Colombia, lo que limita el acceso que los ciudadanos pueden tener a una justicia digital.
De acuerdo con los datos de la última Encuesta Nacional de Calidad de Vida, realizada por el Dane en 2018, a nivel nacional solo el 53 % de los hogares tiene acceso a internet, cifra que baja mucho si se mira solo el acceso en hogares en los centros rurales, en donde el internet solo está en 16 % de las casas. Y en cuanto a computadores, en el total nacional el 42 % de los hogares tiene computador; en áreas rurales, la cifra baja a 9,6 %.
Sobre ello, la viceministra de Promoción de la Justicia, Juanita López, comentó que desde hace un tiempo están trabajando con el MinTIC para mejorar la conectividad del país, con énfasis en zonas rurales.
En todo caso, el debate concluyó con la necesidad, ahondada por la pandemia, de implementar rápidamente una justicia digital. “La justicia es ineficiente, ineficaz”, indicó la senadora Esperanza Andrade, citante el debate, quien agregó que esto debe llevar a actuar “en tiempo extraordinario para que podamos continuar impartiendo justicia, que es un derecho de los colombianos”.
Van más de 53.000 tutelas en dos meses
En medio del debate, Diana Remolina, presidenta de la Judicatura mencionó que en medio de la pandemia se han incrementado algunos trámites ciudadanos.
Entre el 16 de marzo y el 17 de mayo de este año, la Judicatura ha recibido 53.327 tutelas, el 30 ,3 % (14.572) han sido derechos de petición; una cifra similar, 29,6 % (14.232) han sido tutelas por el derecho a salud; además han llegado 5.074 tutelas pidiendo que se respete el derecho al debido proceso.
De otro lado, también se han recibido 1.435 solicitudes de habeas corpus; y se han realizado 27.198 audiencias de control de garantías.
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