Bogotá, 9 de septiembre de 2020. A continuación, se reproduce la columna de nuestro director ejecutivo, Hernando Herrera Mercado, publicada en Ámbito Jurídico. El texto fue tomado de su página web.
Fuimos varios los que censuramos el que no vacilaré en calificar como un estupro institucional, consistente en que magnánimamente se le hayan otorgado curules legislativas a las Farc, sin contrapartida, o contraprestación previa alguna. Es decir, sin que los beneficiarios de tal dádiva política se vieran forzados, antes de entronizarse en el Congreso, a ser emplazados por la justicia o a contribuir con plena verdad a favor de las víctimas del conflicto, lo que desde luego resultaba incluso más imperativo tratándose de la necesaria expiación de delitos de lesa humanidad.
No obstante, el bautizado Acuerdo habanero se empecinó en garantizar, a toda costa, que el naciente partido de las Farc tuviera una representación de cinco senadores y cinco representantes, durante dos periodos electorales. Tamaña capitulación eximió a las Farc, como colectividad política beneficiada, de tener que obtener una votación mínima para asegurarse escaños en el Congreso y, por ello, a pesar de que en los últimos comicios no superaran el 1 % de la votación, la desprendida habilitación los dotó de una cómoda garrocha para evadir el umbral electoral -guarismo que determina qué partidos y candidatos alcanzan representación en las corporaciones legislativas-. Así, se les permitió a los principales negociadores de las Farc hacerse acreedores a su respectivo escaño en el Congreso, sustrayéndolos de los avatares e incertidumbres de la campaña electoral, y sin exigirles más sacrificio, que su anterior “militancia partisana”, por así bautizar a sus años de desventura.
Bajo el pavimento de tan cómoda vía, los signados a dedo por el hoy partido ingresaron automáticamente al Legislativo, algunos de ellos descollando por su tono mesurado; otros, mientras, pasando desapercibidos (me pregunto si Marcos Calarcá, por ejemplo, tiene voz), y, un último grupo, dedicado a las curiosidades. Dentro de este lote, se ubica un prófugo y una negacionista.
Nuestro propósito, concretamente, es hacer alusión a la segunda, a doña Griselda Lobo, quien orondamente ha manifestado que no es cierto que la Farc-EP hubiera reclutado forzosamente a menores. Contra el dicho de la senadora, notoriamente debutante institucional, corren informes y voces calificadas que comprueban que el reclutamiento y la utilización infantil fue práctica sistemática de su movimiento, como lo confirma, por ejemplo, Human Rights Watch. Precisamente, José Miguel Vivanco, director ejecutivo de esa organización, ha expuesto que la aseveración de la senadora Lobo es una “gran mentira”. Igualmente, el llamado falso relato de la gratuitamente ungida congresista Lobo choca con otros informes: citemos los de la Corporación Rosa Blanca o los de la Defensoría del Pueblo, que ofrecen claridad sobre el rol determinante de la guerrilla en graves violaciones de derechos humanos, incluyendo, además, actos de violencia sexual y el aborto forzado.
Entretanto, pisoteando los derechos de las víctimas, por los que siempre abogaremos, y amparada por tan generoso blindaje político de poder ejercer curul, insisto, sin previamente haber purgado justicia o verdad alguna, doña Griselda Lobo sigue vertiendo la chapuza, por no decir el embuste, que no hubo o existió una práctica reiterada de reclutamiento infantil para integrar dicha agrupación.
Ciertamente, como aferrada a la frase del poeta inglés Alexander Pope, que dicta que el que dice una mentira no sabe qué tarea ha asumido, porque estará obligado a inventar 20 más para sostener la certeza de esta primera, la neófita legisladora sigue cacareando, en cada entrevista, su engañifa, sin sonrojarse. El interrogante es si ese falaz imaginario será replicado por Lobo, y compañía, a la hora de acudir a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) para rendir cuentas por el caso que atiende el conocimiento del atroz delito de reclutamiento infantil. Bueno es señalar que, en ese foro judicial, la mentada senadora se topará, entre otros, con el documento entregado por la Fiscalía a ese respecto, que habla de 8.800 casos de niños vinculados a la guerra. Por supuesto, el escrutinio de la JEP es fundamental, para indagar y establecer la verdad a favor de las víctimas con relación a esos actos miserables, donde pesa, además, que, bajo su protocolo, quienes acudan a ella están obligados a reconocer su responsabilidad.
En este caso, la cita con la JEP es urgente, impostergable e inminente, esto último siempre y cuando los abogados de los exguerrilleros desistan de seguir interponiendo recusaciones vanas contra esos magistrados, como ya se ha venido produciendo en curso de este proceso en más de 28 ocasiones. Es precisamente ante esa jurisdicción, donde en caso de negar hechos probados, los concurrentes se exponen a ser expulsados, lo que los dejaría en manos de la justicia ordinaria y la probable aplicación de penas de prisión máximas.
Mientras tanto, es evidente que, aunque siempre hemos sabido que los lobos le aúllan a la luna, ahora nos venimos a enterar que otros lobos, como la senadora que posee ese apellido, le aúlla a la verdad.
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