RESULTADOS

Los principales resultados de este estudio muestran que los habitantes de Apartadó presentan con más frecuencia conflictos en sectores como salud porque se les ha negado o demorado algún tipo de servicio o medicamento; en servicios públicos como la energía eléctrica; en responsabilidad civil derivada de accidentes automovilísticos; en delitos como amenazas; y entre vecinos por enfrentamientos verbales.

Dimensiones con más conflictividad

Conflictos de más frecuencia*

 Salud

22%

Negación o demora de un servicio o medicamento

42%

Servicios públicos

19%

Energía Eléctrica

17%

Responsabilidad Civil

10%

Accidente automovilístico

48%

Penal

10%

Amenazas

35%

Vecinal

9%

Enfrentamientos verbales

37%

 

A pesar de que las personas encuestadas afirman que acudirían a las instituciones competentes para recibir solución, lo más común es que desistan de acudir al momento de tener un conflicto.

Del 22% de las personas que afirmaron presentar conflictos en salud, tan solo el 37% afirmó acudir a instituciones para resolverlos. 

Esta situación se deriva de los diferentes obstáculos con los que la población considera enfrentarse al momento de acceder a la justicia, como la ausencia de autoridades que puedan ayudar en el problema (57%), demora en la resolución de procesos (39%), altos costos económicos (29%) y falta de información (28%).

Estos hechos justifican la percepción de una justicia poco eficiente (60%), poco confiable (54%) y poco honesta (61%) y, reafirman la necesidad de reformular políticas públicas en materia del mejoramiento de acceso a la justicia. Esto último constituye uno de los principales objetivos de este proyecto, el cual emplea una metodología enfocada a lograr una oferta de justicia que corresponda realmente a las necesidades de la población.

Para este estudio, realizado a lo largo del año, se aplicaron 191 encuestas en habitantes de Apartadó, hombres y mujeres mayores de 18 años de edad, y de estratos 1, 2 y 3. Además de trabajo de campo, de observación y de recolección de información, también hicieron parte una serie de entrevistas hechas por expertos de la CEJ a instituciones de justicia como Juzgados, Inspecciones de Policía, Consultorios Jurídicos, Centros de Conciliación, Personerías, Inspecciones Laborales, y Direcciones Seccionales de Medicina Legal. Por último, se realizaron grupos focales con líderes comunitarios, para conocer más a fondo las necesidades jurídicas de la población.

¿QUÉ SON LAS NECESIDADES JURÍDICAS INSATISFECHAS?

Es una metodología que se viene utilizando en Colombia, con base en el Manual de Políticas Públicas para el Acceso a la Justicia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y, siguiendo experiencias de países como Argentina, Venezuela, Chile, Nueva Zelanda y Estados Unidos.

Las necesidades jurídicas insatisfechas son una unidad de análisis y medición del acceso a la justicia y se entienden en el requerimiento de las personas, especialmente de escasos recursos, de hacer valer sus derechos ante el sistema de justicia formal e informal, que incluye también la intervención de autoridades administrativas con competencia para resolver problemas jurídicos. Cuando dicho requerimiento no puede hacerse efectivo, estamos hablando de necesidades jurídicas insatisfechas.

Este trabajo en Apartadó corresponde a la segunda fase del proyecto “Necesidades Jurídicas Insatisfechas”. Actualmente también se desarrolla en Pereira y Cali; y en su primera fase fue realizado en Chía y Armenia, durante el periodo comprendido entre febrero de 2007 y febrero de 2008.