“La reforma es un buen inicio, pero por sí sola no resuelve todos los problemas. Los más graves se solucionan con gestión, modernización y simplificación de procedimientos judiciales, recursos suficientes, uso de TIC, disciplina procesal, rendición de cuentas de los operadores y educación de los ciudadanos para utilizar un servicio de manera razonable y responsable. Otros problemas pasan por la expedición de leyes adecuadas para la lucha contra las nuevas formas de criminalidad y de delitos menores, para favorecer el acceso a la justicia, por el diseño y coordinación de una política criminal apropiada” agrega la doctora Gloria María Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia.
Se destacan en esta reforma el reconocimiento constitucional y la acotación de la tutela contra sentencias; el fortalecimiento de la función de Gobierno y la regulación de la Rama Judicial, a través de la transformación de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura; los requisitos de experiencia para los miembros permanentes de la misma Corporación; la constitucionalización de la Gerencia de la Rama Judicial; la transformación de la función disciplinaria de jueces y abogados y el control a las Altas Cortes; las nuevas funciones de control previo de ciertas leyes a cargo de la Corte Constitucional, la posibilidad de que el Fiscal no acuse a los aforados ante la Corte Suprema y que la política criminal pueda establecer prioridades para la lucha contra la delincuencia.
Asimismo, merecen estudio riguroso propuestas como el reconocimiento de nuevas facultades a las víctimas en el proceso penal; el sometimiento de los jueces a la jurisprudencia, pese a que Colombia aún no cuenta con líneas jurisprudenciales estables ni unificadas entre las jurisdicciones; y la atribución de funciones jurisdiccionales a los notarios y a los abogados para la descongestión judicial.
La discusión alrededor de la reforma está abierta para que los sectores de la sociedad colombiana nutran la iniciativa del Gobierno, que seguramente contribuirá a que la justicia sea más eficiente, oportuna y de calidad para el bien de todos los ciudadanos. La CEJ seguirá participando y aportando su conocimiento en este proceso de reforma.
