Bogotá, 8 de noviembre de 2024. En relación con la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio de imputar cargos a nueve funcionarios de la Registraduría General, la Corporación Excelencia en la Justicia —CEJ—, además de manifestar su tajante desacuerdo y preocupación ante esta situación, se permite expresar las siguientes consideraciones:
- En un Estado Social de Derecho, la función de la Registraduría General es fundamental para el buen funcionamiento democrático del país, ya que es la entidad encargada de organizar las jornadas electorales para los cargos de elección popular y de velar por el respeto de los derechos políticos de los ciudadanos.
- La desafortunada decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio invade de forma injustificada la órbita de competencia de un organismo con plena autonomía, situación que genera preocupación ante injerencias de igual calado respecto a otras autoridades autónomas o independientes del país.
- La citada decisión va claramente en contra de la armonía y coordinación que, conforme a los postulados constitucionales, debe imperar en nuestro país entre las distintas instituciones, por lo que es indispensable que se respete la independencia y la autonomía de entidades que, según el rango constitucional, ostentan esos atributos. Cualquier intento de socavar la institucionalidad del Estado colombiano abre la puerta a la vulneración de principios fundamentales, que deben prevalecer para garantizar la estabilidad y la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.
