Bogotá, 19 de septiembre de 2019. A continuación, se realiza una transcripción del artículo publicado por El Tiempo. El texto fue tomado de su página web.
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura excluyó de la profesión de abogado a Alfredo José Agámez Venegas, quien fue capturado en 2013 junto con 13 personas, entre ellas un juez y su secretario, vinculados a una investigación por un supuesto desfalco por 64.000 millones de pesos al magisterio de Córdoba.
Según la investigación de la Unidad Nacional de Investigaciones contra Funcionarios de la Rama Judicial, de la Fiscalía, los capturados habrían acudido a procesos ejecutivos laborales, autenticaciones, resoluciones y falsos poderes para lograr ajustes pensionales que conllevaron al embargo de cuentas del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
En el proceso ante la Judicatura, por el que Agámez fue sancionado y multado con 50 salarios mínimos mensuales vigentes, se lee que este abogado estuvo involucrado en una “falta a la honradez, al no entregar a quien corresponda, y a la menor brevedad posible, dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión profesional, o demorar la comunicación de este recibo”.
En particular se le cuestionó por recibir dinero del Fondo del Magisterio, con el aval de un juez de Planeta Rica, y fraccionar una parte del pago para que se le entregaran 2.000 millones de pesos a otro abogado. No obstante las órdenes judiciales, el dinero no fue devuelto.
El caso de este abogado hace parte del extenso expediente en el Consejo Superior de la Judicatura, que vigila el comportamiento de los juristas del país, y que desde 2009 ha investigado la conducta de 12.574 profesionales del derecho, de los cuales 11.545 fueron sancionados y 1.029, absueltos.
Según las estadísticas de la Judicatura, de los abogados que han resultado con alguna sanción por su conducta, 365 fueron excluidos de la profesión; 7.737 terminaron suspendidos; 3.259 fueron censurados; 14, amonestados, y 170, multados.
Voceros de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) explicaron que la suspensión conlleva la prohibición de ejercer la profesión entre dos meses y tres años; la censura consiste en la reprobación pública por la comisión de una falta, la exclusión implica la cancelación de la tarjeta profesional, y la multa es una sanción económica que oscila entre uno y 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Entre el primero de enero y el 5 de julio de este año han sido objeto de algún tipo de sanción 537 abogados y otros 55 fueron absueltos. En 2018 fueron sancionados 1.098 y absueltos, 51. Y en 2017 la cifra de sancionados llegó a 372 y de absueltos, a 62.
En la lista de sancionados también está el cuestionado exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, uno de los protagonistas del escándalo de corrupción judicial conocido como ‘cartel de la toga’. Moreno fue investigado disciplinariamente por la Judicatura y fue destituido e inhabilitado por 15 años, por “incumplir su deber de respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos”.
También fue excluido de la profesión de abogado Belford Enrique Martínez González, por su actuación en procesos ejecutivos como apoderado de un demandante contra Caprecom, utilizando poderes falsos y cobrando de manera fraudulenta títulos judiciales por más de 1.000 millones de pesos.
Entre los juristas sancionados no solo hay casos de profesionales vinculados a engaños a sus clientes o a actos de corrupción, sino también por presuntas faltas “al respeto debido a la administración de justicia y las autoridades administrativas”.
Es el caso de un abogado que fue suspendido por escribir en dos memoriales –que entregó al Juzgado Promiscuo del Circuito de Dabeiba, Antioquia– “manifestaciones irrespetuosas en contra del titular del despacho y sus empleados”.
En concreto, los acusó de haber incurrido en prevaricato por acción. Incluso señaló que “las actuaciones judiciales eran permeadas por la perturbación emocional del juez, lo cual no garantizaba imparcialidad y ecuanimidad en las decisiones”. Este abogado recibió una sanción de seis meses y una multa de tres salarios mínimos mensuales.
Desde la academia, el tema también es objeto de reflexión. EL TIEMPO consultó a varios decanos de facultades de derecho, quienes apuntan al tipo de preparación que reciben ciertos abogados en el país (ver nota anexa).
En el mismo sentido se refiere el director ejecutivo de la Corporación Excelencia en la Justicia, Hernando Herrera, para quien es imperioso reforzar la formación ética, no solo para generar mayor confianza del ciudadano en el sistema de justicia, sino para hacer que el acceso al mismo sea más transparente y eficiente.
“Desafortunadamente, la proliferación de programas de derecho con baja acreditación y la ausencia de programas éticos de gran impacto vienen impactando negativamente la profesión”, comentó.
Academia considera que se requiere mayor formación ética
Juan Fernando Córdoba, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, afirmó que las sanciones a los abogados impuestas por el Consejo Superior de la Judicatura pueden estar relacionadas con varios factores: uno de ellos vinculado a la mala preparación de los abogados.
Igualmente señaló que en algunas universidades no se ha profundizado lo suficiente en la dimensión ética y el ejercicio de la profesión, para que se entienda con claridad “que no todo vale y que no se puede utilizar la profesión para cualquier propósito”.
A su turno, Luquegi Gil Neira, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, sostuvo que la cifra de sancionados es alta si se tiene en cuenta que los abogados precisamente “tendrían que ser los encargados de garantizar el respeto por el sistema normativo y hacer efectivos los derechos de las personas”.
Añadió que el país debe reflexionar cómo se están formando los abogados y cómo se están graduando de esa profesión en promedio 13.000 personas cada año.
“Creo que aquí también se está observando y reflejando el asunto ético en la sociedad colombiana y la existencia de personas que no son éticas como ciudadanos y menos como profesionales”, dijo Gil Neira.
Igualmente advirtió que se han expedido en el país alrededor de 300.000 tarjetas profesionales y que se requiere que quien la reciba tenga las conductas éticas adecuadas como ciudadano y profesional.
Frente al tema también se pronunció Julio Andrés Sampedro Arrubla, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Javeriana, quien calificó el panorama como delicado.
“En este tipo de profesión el sentido de la ética es fundamental y no debería existir ni un solo abogado sancionado. Los abogados tenemos unos deberes muy altos con la sociedad que no pueden estar por encima de ningún interés diferente al servicio de las personas”, dijo Sampedro.
Y añadió: “Primero hay que poner todo en su justa proporción, la corrupción no es solo de los abogados, es un problema muy grave que está afectando a todas las profesiones y todos los escenarios. Ahora hay mucho que hacer en formación ética no solo de los abogados sino de todas las profesiones”.
Sampedro Arrubla indicó que el país permitió “la proliferación en exceso de facultades de derecho” y que hoy pueden llegar a ser alrededor de 200, y de esas solo “cerca del 30 por ciento son facultades que están acreditadas en calidad y con un alto estándar”.
Sala lleva 4 años en interinidad
Si bien la Sala Disciplinaria ha continuado con su labor de sancionar a jueces y abogados, lo cierto es que ese órgano fue eliminado en 2015 con la reforma de equilibrio de poderes.
Sin embargo, hasta ahora no se ha conformado la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que debe reemplazarlo, porque errores en la reglamentación para elegir a sus miembros llevaron a que el Consejo de Estado anulara esa convocatoria en 2018.
El proceso no ha avanzado porque la elección de los nuevos magistrados de la Comisión debe ser regulada por el Congreso con una ley, algo que no ha sucedido.
Entre tanto, a pesar de dos conceptos de la Sala de Consulta del Consejo de Estado que sugieren formas en las que se podría hacer la convocatoria, los magistrados de la Sala Disciplinaria continúan en sus despachos y algunos de ellos ya superaron hasta en tres años su periodo constitucional, que es de 8 años.
Consulte el artículo en el siguiente enlace: https://bit.ly/2kuCuj2
