· Investigar a 63 jueces por fallar tutelas en contra de la liquidada Telecom, pide el Procurador
El último pronunciamiento en ese sentido lo hizo este jueves el Ministerio Público que señala a 63 jueces de los departamentos de Córdoba, Antioquia y Bolívar de fallar acciones de tutela y de avalar conciliaciones que les permitió a ex trabajadores de la liquidada Telecom reclamar beneficios, a los que no tenían derecho y que ascienden a 600 mil millones de pesos.
El pasado lunes, este diario había informado del caso de otros de 37 jueces civiles que a través de sus sentencias pusieron en aprietos a Invías, condenada en 71 procesos por valor de 56.600 millones de pesos, porque supuestamente ocupó terrenos para la construcción de carreteras sin el permiso de los propietarios.
En el caso de la liquidada Telecom, la Procuraduría considera que los jueces 63 civiles que pide investigar no estaban facultados para actuar en este caso.
Además que no era a través de la tutela, sino de proceso en los tribunales del contencioso administrativo el medio al que podían acudir los ex trabajadores para hacer valer sus derechos.
“Se está ante un caso de ejercicio abusivo de la acción de tutela, con serias implicaciones disciplinarias y penales para los servidores públicos, apoderados y peticionarios implicados en los hechos y se está causando un detrimento patrimonial”, dijo el procurador Alejandro Ordóñez.
El Ministerio Público también encontró que sobre los mismos casos ya se habían pronunciado jueces de otras partes del país y habían negado las pretensiones de los demandantes.
Por tal razón, el procurador Ordóñez considera que se desconoció la figura de cosa juzgada, de caducidad, de prescripción e inmediatez y que al resolver las tutelas, que reconocieron derechos al fuero sindical, al retén social (madres y padres cabezas de familia), planes anticipados de pensión y pactos por pensión se revivió un debate en el que otros jueces ya se habían pronunciado.
Además, que se ignoró a los demandados y se no les dio la oportunidad de oponerse a las reclamaciones.
Pero el jueves, representantes de los ex trabajadores de Telecom aseguraron que no están de acuerdo con la posición de la Procuraduría, pues aseguran que las más de 2.400 personas que fueron despedidas sí tienen derecho a la pensión anticipada y al retén social.
Mireya Beltrán Rodríguez, quien trabajó por casi 18 años en la empresa de telecomunicaciones, asegura que a la mayoría la Corte Constitucional con la sentencia SU388 del 13 de abril del 2005 otorgó el derecho de ser cobijados con la pensión anticipada o con los salarios del retén social, para mujeres cabeza de familia, discapacitados o con enfermedad, entre otros.
Añade que pese a esto, los más de 2 mil empleados fueron despedidos el 31 de enero de enero del 2006. La mayor dificultad para acceder a sus pensiones o salarios es un fallo del consejo de la Judicatura del 4 de septiembre del 2006, en el que niega la posibilidad de acceder a estas.
