Se mantendrán las funciones nominadoras de jefes de los organismos de control en las altas cortes, pero se implementará un estricto régimen de inhabilidades.
En la Comisión Primera del Senado iniciará el trámite de la segunda vuelta de la reforma constitucional a la justicia, que tendrá cambios sustanciales en su contenido. /Ángel Vargas – Senado
Dos modificaciones sustanciales tendrá la reforma a la justicia en la etapa final de su trámite en el Congreso. Así lo decidieron los senadores y representantes de las comisiones primeras de asuntos constitucionales, luego de un encuentro en el que concluyeron que es necesario crear un tribunal para el juzgamiento de todos los funcionarios aforados y que las funciones nominadoras de las cortes se mantendrán sólo bajo un estricto régimen de inhabilidades, esto con el fin de evitar la politización de la justicia.
La decisión de retirar las funciones nominadoras fue el principal motivo para que las cortes se marginaran del debate de la reforma a la justicia y afirmaran, de forma categórica, que la intención de fondo del trámite de la iniciativa era buscar revancha por las decisiones que se han tomado desde la Corte Suprema de Justicia contra los parlamentarios investigados en los procesos de la parapolítica.
Sin embargo, el ministro de Interior, Germán Vargas Lleras, enfrentó esas críticas y aseguró: “El proyecto original del Gobierno planteaba retirarles a las cortes las funciones nominadoras para evitar la politización de la justicia y que los miembros de la rama jurisdiccional se dediquen a su función: impartir justicia”.
La propuesta de los congresistas va por el mismo camino. Según explicó el coordinador de ponentes en la Cámara, el representante Orlando Velandia, “se mantendrá la función nominadora, pero estableciendo un estricto régimen de inhabilidades para los magistrados y evitando el tráfico de influencias, el nepotismo y la politización de la justicia. Queremos desatanizar la función nominadora de las cortes”.
El senador conservador Eduardo Enríquez Maya manifestó que “la nominación no se podría modificar porque violaríamos el principio de consecutividad al no haber abordado el tema en el Senado durante la primera vuelta del trámite de la reforma. No obstante, es necesario que ningún funcionario aforado que tenga que ver con la elección de miembros de los organismos de control pueda recomendar a familiares, y así acabar con el nepotismo”.
La otra propuesta surgida del encuentro de parlamentarios es la creación del “supertribunal de aforados”, donde serían juzgados el presidente de la República, el vicepresidente, los congresistas, el fiscal general, los magistrados de las altas cortes, el procurador general, el contralor general y los magistrados del Consejo Nacional Electoral. En este tribunal se garantizaría la doble instancia para el juzgamiento de parlamentarios, tema sobre el cual se han planteado varias fórmulas que no han resultado satisfactorias.
Para el coordinador de ponentes en la Cámara, “todos los dignatarios en Colombia deben tener un tribunal que los juzgue, para que nadie se quede por fuera de la revisión de la justicia frente a sus actuaciones. Proponemos una sala especial de instrucción y juzgamiento para la primera instancia. La segunda instancia será en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia”.
Enríquez Maya explicó que el perfil de los miembros de este tribunal será muy alto: “Para acceder a este cargo es necesario llevar 20 años de ejercicio profesional, tener mínimo 50 años de edad, y el retiro forzoso será a los 70 años. La idea es que la magistratura sea un fin y no un medio, para que quienes cumplan la misión sagrada de administrar justicia no salgan con las sentencias bajo el brazo a hacer política, como ocurre en la actualidad”.
Velandia explicó que este tribunal ayudará a mitigar el enfrentamiento entre las ramas Jurisdiccional y Legislativa, que se han hecho más evidentes con el trámite de la reforma y la decisión de la Comisión de Acusaciones de abrir investigación contra más de 200 magistrados por presunta responsabilidad dentro del denominado carrusel de las pensiones.
Además, se superaría la impunidad reinante en los procesos contra magistrados de las altas cortes y el presidente de la República. En los 20 años de existencia de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes nunca se ha dictado sentencia por los comportamientos irregulares de estos funcionarios y este tribunal legislativo ya es conocido como la “Comisión de Absoluciones”.
El acuerdo entre las comisiones primeras de Senado y Cámara sobre el contenido de la reforma es un avance sustancial pues, señalan los congresistas, llegarán con posiciones depuradas al debate para hacerlo más ágil y evitar sustanciales diferencias entre los textos a conciliar al finalizar el debate legislativo.
