Diógenes Villa casi obtiene superpoderes gracias a la reforma a la justicia. El viernes fue suspendido por el Consejo de la Judicatura.
Villa, uno de los mandamases menos conocidos del país.
A las puertas del cielo, a Diógenes Villa le cortaron las alas. Estuvo a punto de ganar superpoderes gracias a la reforma a la justicia: su empleo iba a quedar asegurado constitucionalmente, algo único en la historia del país, y su oficina se iba a quedar con un presupuesto de $2 billones. Sin embargo, el bandazo del Congreso y el Gobierno dejaron con las ganas a Villa, que en todo este escándalo pasó de agache.
Su caso fue reconocido como uno de los ‘micos’ del acto legislativo y sobre él se dijo: “El texto conciliado, en efecto, otorga excesivas funciones al director, con lo que hace de él un todopoderoso de la administración de la rama y desplaza en importancia a los otros dos niveles superiores, priva de verdadera posibilidad de gestión a la Junta Ejecutiva y congestiona demasiado a la Sala de Gobierno Judicial”.
Y el jueves el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) lo suspendió de su cargo por recomendación de la contralora, Sandra Morelli, que consideró que Villa no ha hecho buen uso de los dineros que se le han dado para que descongestione a la justicia, que no ha cumplido con su función y que, presuntamente, habría incurrido en un detrimento patrimonial durante su gestión.
En una carta dirigida al presidente del CSJ, magistrado Ricardo Monroy, la contralora advirtió que “se observa que del 1º de agosto al 31 de diciembre de 2011 se ejecutaron para la descongestión del sistema judicial $13 mil millones, y entre el 1º de enero y el 30 de mayo de 2012 se han comprometido y se están ejecutando $473 mil millones, es decir $486 mil millones en nueve meses, sin que se evidencie avance”.
Agregó que “a esto se suma el incremento inusitado de los gastos en este período, principalmente, en los últimos meses, que asciende a $13.000 millones para descongestión judicial y para implementar el Código Contencioso Administrativo, sin que hoy contemos con las salas de descongestión, cuando éste empieza a regir el 2 de julio de este año”.
Acogiendo estos argumentos, la Sala Administrativa del CSJ suspendió a Villa del cargo desde el que manejaba $1,5 billones y dirigía a 1.200 funcionarios y al que accedió el año pasado en medio de controversias. Fue escogido por los magistrados del CSJ para reemplazar a Carlos Ariel Useda de una terna compuesta por él y las abogadas Marta Catalina Velasco y Sandra Lisset Ibarra Vélez.
El 7 de septiembre de 2011, el Consejo Superior de la Judicatura, en una resolución firmada por el cuestionado magistrado José Alfredo Escobar Araújo, proclamó la designación como director administrativo de la Rama Judicial de este ibaguereño, abogado de la Universidad Autónoma y con una maestría en Administración de la Universidad Nacional, de la que se graduó justo antes de presentarse al cargo.
Desde ese momento se inició la controversia. Algunos señalaron que Villa era cuota de los magistrados Escobar y Angelino Lizcano. Así mismo, a los pocos días la ONG Elección Visible denunció que el elegido no contaba con la experiencia requerida para acceder al cargo; esto debido a que la ley estipulaba que quien fuera escogido debía demostrar, por lo menos, cinco años de experiencia en el campo financiero, económico y administrativo, y Villa, según Elección Visible, apenas contaba con 3 años, 2 meses y 10 días de experiencia en esos sectores.
Esta fue una de las peleas que el director de la Rama Judicial tuvo que encarar durante sus nueve meses de mandato, pero no le impidió convertirse en uno de los mandamases más poderosos aunque menos reconocidos del país. El Espectador trató de comunicarse con él en reiteradas ocasiones, pero no pudo contactarlo.
Esta es la historia de un funcionario poco conocido que, aunque nunca salió del anonimato, se convirtió en uno de los funcionarios judiciales con mayor poder, tanto que se hizo una reforma para favorecerlo y darle superpoderes, pero de la noche a la mañana se le cayó la estantería y fue suspendido de su cargo porque la Contraloría lo señaló, palabras más, palabras menos, de ser uno de los responsables del deplorable estado en el que se encuentra actualmente la justicia. Es la historia de un viaje del cielo al infierno en pocos días.
