Como lo reveló ayer este diario, el Ejecutivo aceptó incluir en la Ley de Víctimas un texto que les reconoce derecho a la reparación a “aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido menoscabo en sus derechos (…) como consecuencia de acciones dolosas o gravemente culposas de agentes del Estado que, durante y con ocasión de su vinculación al servicio público, hayan transgredido la legislación penal o constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos”.
Es un paso clave, pues por meses la aprobación de la norma ha estado enredada porque el Gobierno considera que no es posible equiparar la condición de los miembros de los actores armados y de los miembros del Estado que hayan cometido crímenes y abusos.
Pero el Ejecutivo exige que esa responsabilidad sea ” judicialmente declarada” y por eso le reclaman que haya igualdad en el reconocimiento de los derechos de todas las víctimas, sin distingos de quién sea el responsable.
Iván Cepeda, del Movimiento de Víctimas, dijo que “si bien se reconoce la existencia de personas victimizadas por agentes del Estado, se desconoce el principio de igualdad”.
“El hecho de que esas víctimas tengan que demostrar su condición ante un estrado judicial significa ponerlas en una condición inequitativa, porque en Colombia un proceso puede tardar una década”.
Tal y como quedaría el texto, haría falta que el representante del Estado fuera vencido en juicio, pero no sería necesaria una condena contra el Estado para que la víctima o sus sobrevivientes aplicaran a la reparación administrativa. Jorge Humberto Mantilla, representante que tiene a cargo una de las ponencias, explicó que con una sentencia –que no necesariamente debe ordenar al Estado pagar la indemnización– una víctima podría reclamar sus derechos.
Bajo las normas actuales, la condena contra el agente estatal no está directamente amarrada a la obligación del Estado de reparar a la persona afectada.
Por eso, Patricia Perdomo, representante de víctimas ante la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, asegura que lo ideal sería que el proyecto dejara de hacer diferenciaciones entre si son víctimas de grupos al margen de ley o de agentes del Estado.
“Lo importe es reconocer que hay víctimas, sin importar quién sea el causante del daño –dijo Perdomo–. Es un avance que el Gobierno haya acercado las condiciones que favorezcan en algo la participación de víctimas de agentes de Estado, porque no lo había planteado antes, pero falta eliminar esa diferenciación”.
Guillermo Rivera y Juan Fernando Cristo, congresistas liberales que han liderado la aprobación de la Ley, señalaron por su lado que mantener la exigencia de la condena, como lo está haciendo el Gobierno, no cambia en nada la situación en la que estaban las víctimas.
El Tiempo / 13 de mayo de 2009
