El trámite de la reforma a la justicia que se inició debe aprovecharse para eso. Pero todos. No solo las altas cortes. El juez o jueza y el empleado o empleada judicial debe involucrarse en esta tarea para que la reforma sea real. También las y los abogados, la academia, la dirigencia y las y los usuarios. Salvo la reforma a la tutela y el presupuesto para la Rama, las demás reformas que se proponen son intranscendentes para la sociedad. Es procedimental. Aumentar la edad para ser elegido magistrado de alta corte o el período del magistrado, o la eliminación de una institución o de que no ternen candidatos, poco importa al usuario de la justicia.
Si la proyectada reforma se preocupara por la eliminación de la prohibición de la pena de muerte o de la justicia penal militar o de la excepción a la doble instancia en materia penal o de la excepción a que autoridades distintas a las de la Rama Judicial o particulares puedan administrar justicia, o de establecer la perentoriedad de los términos judiciales sin excusa, o un severo régimen de inhabilidades, incompatibilidades e impedimentos aplicables a los servidores judiciales, por ejemplo, motivaría a la ciudadanía en el tema porque son asuntos de sumo interés general.
Infortunadamente el proyecto de reforma presentado por el Consejo de Estado no fue fruto de la participación de servidores y servidoras de la jurisdicción de lo contencioso administrativo a nivel de tribunal administrativo y juzgado. Fue excluyente y quizá una respuesta apresurada al proyecto del Gobierno. Sin embargo; debemos involucrarnos en el proyecto de reforma porque somos los principales responsables que la justicia sea de calidad, pronta, cumplida y eficaz y sigamos construyendo el Estado Social de Derecho que se pactó en 1991.
*Juez Cuarto Administrativo de Bogotá
