Fiscal, escogido por el presidente
En cuanto al mecanismo de elección, la propuesta sugiere que sea el presidente de la República quien elija al fiscal general de una terna nominada por la Corte Constitucional. Actualmente el presidente es quien postula y la Corte Suprema la que escoge.
Según la propuesta, la Corte Constitucional haría una audiencia pública, transmitida por televisión, con seis candidatos. De allí saldría la terna.
Borrero explica que la ley deberá fijar “términos perentorios” para el proceso de elección y sanciones por su incumplimiento.
Términos definidos para elección del fiscal
Según la propuesta, el proceso de elección comenzaría a correr dos meses antes de que se produzca la vacancia para el cargo de fiscal general. En ese tiempo la ley debe establecer términos razonables para que se surtan las etapas de conformación de la lista de seis preseleccionados, realización de la audiencia pública de ratificación, definición de la terna a enviar al Presidente de la República y elección del Fiscal General por parte de éste último.
“Para garantizar la efectividad de estos términos, se establecerían sanciones por su incumplimiento, como la pérdida de competencia de quien los incumpla, en los términos que establezca la ley”, señala la propuesta.
Las condiciones para ser fiscal
El tercer punto es incrementar los requisitos para poder aspirar al cargo de fiscal general. Actualmente las calidades para desempeñar el cargo son las mismas que para magistrado de las altas cortes.
La propuesta es aumentar a 20 años el requisito de experiencia profesional como abogado, y requisitos adicionales como la exigencia de contar con al menos 10 años de experiencia específica relacionada directamente con las funciones propias del cargo de fiscal general, es decir, en áreas como derecho penal, gestión pública o elaboración, ejecución y seguimiento de políticas públicas.
Periodo personal de cuatro años
La propuesta también pretende que la Constitución defina el periodo del fiscal general, y no volver a entrar en las actuales discusiones, en las que no hay claridad si el próximo fiscal durará 14 meses en el cargo o cuatro años.
Para ello, dice la propuesta, la Constitución (en el artículo 249) debe definir claramente si el periodo del fiscal general es de carácter institucional o personal. La Corporación Excelencia a la Justicia considera que así como el periodo de los magistrados de las altas cortes, el del fiscal también debería ser personal.
La propuesta fue consignada en un documento que ya fue entregado al gobierno: la intención de la Corporación es que haga parte del debate de la reforma la justicia que comenzará la próxima semana en el Congreso de la República.
