Aunque no existen cifras oficiales de las mujeres que sufren agresiones sexuales por parte de todos los grupos armados (fuerzas de seguridad del Estado, paramilitares y grupos guerrilleros), se calcula que entre 12.000 y 14.000 son agredidas en el marco del conflicto colombiano para “humillar al enemigo”, aunque sólo veinte de esos casos están denunciados ante la Fiscalía.
La responsable de Relaciones Institucionales del Departamento de Campañas y Estudios de Intermón Oxfam en España, Irene Milleiro, y la investigadora Paula San Pedro fueron las encargadas de presentar, junto a Bedoya, este informe.
En mayo de 2000, mientras Bedoya realizaba una entrevista en la cárcel La Modelo de Bogotá, fue secuestrada en la puerta del centro carcelario. Durante más de 16 horas estuvo en poder de sus captores, al parecer paramilitares.
Pese a esta y otras amenazas, continuó ejerciendo su profesión en Colombia. En agosto de 2003 fue nuevamente secuestrada, esta vez por el frente 44 de las Farc, que la mantuvo ocho días en su poder.
Jineth Bedoya ofreció hoy su testimonio y recordó algunos de los más dramáticos casos de niñas y mujeres, que al igual que ella, fueron agredidas sexualmente en el marco del conflicto colombiano.
Denunció que durante cincuenta años éste ha sido un “delito silenciado” y que ha sido este año en el que las agresiones sexuales en Colombia han empezado a ser “visibles”.
El informe de Oxfam Internacional, una confederación de 13 organizaciones que trabajan en proyectos para erradicar la pobreza y la injusticia, denuncia que los crímenes sexuales cometidos en el marco del conflicto armado han provocado miles de víctimas de abusos, violaciones, desplazamientos forzados y otras formas de violencia sexual y todo ello en un entorno de “impunidad alarmante”.
Paula San Pedro denunció que la sociedad colombiana, los medios de comunicación y el propio Gobierno “niegan y silencian este delito”.
Este documento apunta cómo la “continúa ocultación o negación de estos delitos dificulta la investigación de los casos, el enjuiciamiento y el castigo a los responsables y la reparación de las víctimas”, añadió la investigadora de Oxfam.
“Muchas mujeres renuncian a denunciar por temor a las represalias, vergüenza y miedo por sus vidas y la de sus familiares. Esta estrategia de invisibilización silencia a las mujeres y las condena al olvido”, señaló Milleiro.
Explicó que lo poco que se ha conseguido en este sentido ha sido posible gracias a la presión de las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, que han logrado en los últimos años la investigación de 183 casos de mujeres desplazadas víctimas de la violencia sexual.
No obstante, dijo que se trata de una mínima referencia teniendo en cuenta que en Colombia hay entre tres y cuatro millones de personas desplazadas, la mitad de ellas mujeres, y que dos de cada diez mujeres desplazadas han tenido que abandonar su hogar debido a la violencia sexual.
Por todo ello, tanto Oxfam Internacional como Jineth Bedoya reclamaron al Gobierno colombiano “tolerancia cero” ante estos crímenes, una solicitud que también hicieron extensible a la comunidad internacional, incluido el Gobierno español y, especialmente, a la Unión Europea (UE).
