El jefe del ente acusador indicó que el “ambiente no es sano” y resaltó que de acuerdo con un informe preliminar y parcial de policía judicial y del CTI “causa preocupación, causa pavor en atención al hedor que expide”.
No obstante, señaló que su despacho continuará con las investigaciones.
El Fiscal no quiso ampliar detalles sobre lo que hasta el momento se ha averiguado respecto a las chuzadas efectuadas desde las salas del DAS a centenares de personas en el país.
Entre las personalidades interceptadas se encontraban el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos; el secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno; el director de la Policía, general Óscar Naranjo, y el encargado de la seguridad del presidente Uribe, general Flavio Buitrago.
También figuraban el ex mandatario liberal César Gaviria y el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Javier Ricaurte, y varios de los periodistas más influyentes del país.
El fiscal se pronunció luego de que el presidente encargado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jaime Arrubla, aseguró en una entrevista radial, que Iguarán le anunció que participará en las investigaciones de las intervenciones telefónicas del DAS, porque hay altos funcionarios del Estado que al parecer están implicados.
“Me expresó su asombro porque todo lo que se había dicho era realidad (…) que a él incluso le iba a tocar participar en esa investigación, porque podía haber gente con fuero, es decir, yo creo que eso va en muy buen sentido”, dijo el funcionario.
En ese sentido, Caracol Radio informó también que la Fiscalía tiene en su poder evidencias que permiten concluir que en el DAS funcionaban cuatro grupos que aparentemente hacían interceptaciones ilegales, principalmente a magistrados, dirigentes políticos de la oposición y periodistas.
El informe destacó que esos cuatro grupos tenían las denominaciones de ‘GI-3′, ‘Transmilenio’, ‘Puerto Asís’ y ‘GONI’, cada uno con funciones específicas, que fueron encomendadas por altos ex funcionarios del DAS.
En las carpetas de algunos de esos grupos se encontraron, entre otros, datos financieros de los magistrados y reportes de las centrales de riesgo por deudas de los funcionarios judiciales.
El escándalo por las ‘chuzadas’ telefónicas y el espionaje a personalidades de la oposición, jueces y periodistas llevó a que el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, anunciara a finales de febrero pasado que sólo la Policía intervendrá teléfonos por orden judicial.
El Nuevo Siglo / 22 de abril de 2009
