Juan Manuel y Carlos Fernando Galán, sus hijos, son partidarios de esta teoría porque consideran que con la muerte de su padre se dio inicio al exterminio del Nuevo Liberalismo. De ahí que se podría aplicar el delito de genocidio.
La propuesta es un tanto arriesgada porque, según Carlos Rodríguez Mejía, catedrático de la Universidad Santo Tomás, solo es viable si se logra demostrar la sistematicidad. Esto quiere decir que se hayan registrado varios homicidios de personas vinculadas al Nuevo Liberalismo, en diferentes partes del país y con el fin único de acabar con el movimiento.
Ese fue el criterio que se aplicó en el caso del exterminio de la Unión Patriótica, pues se logró demostrar la muerte de cerca de 3.000 militantes.
Castigar la negligencia
Así las cosas, Rodríguez Mejía propone que las baterías de los investigadores se enfilen mejor hacia los responsables de la desviación de la justicia, pues en su criterio en este proceso hubo, a lo largo de 20 años, personas que con su proceder obligaron al archivo del caso.
Este concepto es compartido por el ex presidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández Galindo, quien calificó de vergonzoso el papel de la justicia. “En esto se ha presentado ineficacia e ineficiencia”.
Entre las críticas está la forma en que se descartaron testimonios que, en su momento, habrían sido valiosos para esclarecer el crimen.
También las dudas que dejó la actuación apresurada que produjo las capturas de cuatro personas que después de 42 meses de prisión fueron liberadas porque no había pruebas en su contra.
La casación
Queda pendiente al decisión del magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Luis Quintero Milanés, quien tiene en sus manos el recurso de casación interpuesto por la familia Galán luego de que el Tribunal Superior de Bogotá ordenara la libertad del ex ministro Alberto Santofimio.
El argumento para echar atrás la condena de 24 años de prisión contra el dirigente político es la falta de pruebas fuertes en su contra.
En este proceso intervino el 6 de agosto el procurador general, Alejandro Ordóñez Maldonado, quien le pidió a la Corte Suprema que mantenga en pie la condena contra Santofimio y advierte que no se tuvo en cuenta el testimonio de John Jairo Velásquez (alias Popeye), quien aseguró que este habría instigado a Pablo Escobar para que ordenara el crimen.
“Existe certeza sobre la participación de Alberto Santofimio Botero (?) pues intervino de manera directa y fundamental en la decisión de asesinar a Galán”, dijo Ordóñez al atribuirle al delito “fines terroristas”.
La Corte no estaba obligada a fallar hasta antes de hoy el caso contra Santofimio para evitar la prescripción.
