PASOS QUE hoy están tomando dos o incluso tres años se reducirían a menos de 12 meses, propone un proyecto de ley que busca que se resuelva con la mayor prontitud el conflicto de intereses entre la jurisdicción penal militar y la ordinaria, cuando se trate de derechos humanos o el derecho internacional humanitario.
En la actualidad, le corresponde al Consejo Superior de la Judicatura resolver el conflicto que se presenta entre estas dos jurisdicciones, cuando la militar se cree con el derecho de investigar y juzgar a sus agentes presuntamente involucrados en hechos violatorios de los derechos humanos; al mismo tiempo que la jurisdicción ordinaria reclama ese derecho por considerar que los hechos en que se ve envuelto el agente estatal no corresponden a actos del servicio.
Mientras que el Consejo Superior de la Judicatura resuelve cuál de las dos jurisdicciones tiene la competencia pueden pasar hasta tres años y como consecuencia prescribir los términos.
“Creemos indispensable que esos procesos tengan prelación porque en ellos se juegan muchos temas de derechos humanos”, señaló en diálogo con EL NUEVO SIGLO uno de los ponentes de la iniciativa, el representante Roy Barreras.
En este sentido, el proyecto de autoría del representante por el departamento del Chocó, Edgar Ulises Torres, ha despertado expectativas en la Comisión Primera de Cámara, donde está para primer debate. Al respecto algunos parlamentarios han señalado que la iniciativa es pertinente especialmente en este momento en que varios miembros de las Fuerzas Militares son investigados por presuntamente haber participado en la comisión de los mal llamados falsos positivos.
“Vamos a agilizar los procesos, de manera que en donde hay agentes de la Fuerza Pública que perdieron el camino y se convirtieron en delincuentes, sea la justicia ordinaria la que los juzgue porque, por supuesto, estos no son actos ordenados por el Estado”, acotó Barreras.
Procesos estancados
Hay una acumulación de esta clase de procesos por cuenta del conflicto de competencias entre la justicia ordinaria y la penal militar. “Lo que hemos conversado con quienes imparten justicia, particularmente Justicia Penal Militar, habla de procesos de muchos años, que incluso impiden que se vayan sacando procesos de la actualidad”, le dijo a este Diario el representante Gustavo Puentes.
Añadió que la iniciativa ha sido ventilada con el Gobierno y las Fuerzas Militares. En ese sentido, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, ha hecho algunas sugerencias, “de las cuales unas han sido tenidas en cuenta y otras no”, explicó Puentes.
En cuanto a la aceptación que ha tenido la iniciativa en la Comisión Primera de Cámara, Puentes fue tajante al señalar que “va a pasar”.
El Nuevo Siglo / 06 de mayo de 2009
