Hoy se cuenta con herramientas para el reordenamiento de los recursos judiciales, físicos y humanos, que permitieron fijar un nuevo Mapa territorial de justicia. Se trata de un primer paso que se debe ir perfeccionando frente a las cambiantes demandas de justicia.
Sin embargo, la utilización de mecanismos reordenadores no es suficiente ni apropiada para erradicar las causas generadoras de los conflictos sociales. La experiencia del estudio de la Corporación Excelencia en la Justicia, CEJ, en tres municipios del Casanare, arroja varias enseñanzas al respecto.
En primer lugar, es necesario mantener actualizada la investigación socio-jurídica regional y examinar por qué la estructura judicial se rezagó frente a la problemática de la comunidad. El dramático escalamiento de los conflictos en los municipios objeto del estudio, en cuanto a descomposición del núcleo familiar, problemas laborales y de tierras, corrupción administrativa, crímenes de la guerrilla, autodefensas y delincuentes comunes, obliga a revisar con objetividad la estructura de la Rama en este departamento.
Se ha hecho evidente, por ejemplo, la necesidad de especializar y modernizar los despachos con dotación y capacitación del personal. Ello implica superar el actual modelo de juzgados promiscuos. Es también preocupante la falta de Defensores públicos, Jurisdicción y Procuraduría Agraria, Procurador y Defensores de Familia; conciliadores en equidad, Oficina Seccional del Trabajo e Inspecciones del Trabajo en Tauramena y Aguazul; Casas de detención para menores e instalaciones carcelarias apropiadas.
El foro convocado por la CEJ en Yopal permitió iniciar el debate sobre estas falencias con autoridades nacionales del sector justicia. Las localidades estudiadas ofrecerían, en opinión de la Corporación, condiciones apropiadas para la organización de Casas de Justicia.
En segundo lugar, la adecuación de la estructura judicial debe acompañarse de acciones de pedagogía ciudadana sobre los beneficios de acceder al aparato de justicia y, en especial, a sistemas como la conciliación. Frente a la incredulidad en las autoridades y la frecuente intervención de la guerrilla y otras formas paraestatales de impartir justicia, es imperativo instruir sobre las bondades de las formas pacíficas de solución de conflictos. Centros de educación legal y conciliación en las tres localidades, con el apoyo de la sociedad civil, podrían capacitar y formar a la gente para evitar la judicialización de sus problemas.
Por último, para erradicar las causas primarias que explican las tensiones sociales y la violencia local, se requiere una acción más estructural de desarrollo regional apoyada, principalmente, en las transferencias del fisco y de los recursos naturales. El auge del petróleo no será indefinido y es el momento de la inversión social. Nada se gana con una mejor estructura judicial si no se atacan las fuentes generadoras de conflictos entre ciudadanos y si no se detienen las violaciones al derecho internacional humanitario, factores que, a la vez, generan presiones insostenibles sobre la justicia.
*Director de la CEJ
El Tiempo / 8 de septiembre de 1997
