El senador Carlos Enrique Soto, integrante de la Comisión Primera del Senado de la República, que le dio luz verde en su quinto debate a la Reforma a la Justicia, considera que se avanza con el proyecto pero quedan dudas frente al presupuesto y a descongestión.
“Quedó en deuda el ministro de Hacienda, con un estudio serio que nos hubiera dicho qué requiere la justicia, como también el poder judicial quedó en deuda porque desde un inicio de la discusión pedimos un estudio para tener claridad al respecto pero no fue posible”, dijo el parlamentario.
Al respecto del tema presupuestal para la Rama jurisdiccional, se aprobó la propuesta del Gobierno nacional en el sentido de disponer 1.8 billones de pesos adicionales repartidos durante los próximos seis años.
Sin embargo para el congresistas la Reforma no es completa. “Siempre he soñado con una reforma que favorezca la tranquilidad, que se aplique justicia pronta y afectiva, que sea justa, yo creo que nos queda faltando en cuanto a la descongestión, hemos avanzado pero no es profunda”, agregó.
“La posibilidad de asignarle procesos judiciales a las notarias y abogados, no esta definido aún porque hay mucha inquietud en los diferentes sectores del Congreso, hay unas posiciones que no quieren que se debilite la autonomía y que mas bien se amplíe los cargos para jueces y funcionarios, aunque de igual manera se le apoyo al Gobierno en el último debate”, manifestó el congresista.
Por su parte, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, defendió una vez más con vehemencia ante los senadores de la Comisión Primera del Senado, donde se debate la Reforma Constitucional a la Justicia, el artículo que permite la descongestión de los despachos judiciales y el otorgamiento de manera excepcional y transitoria de funciones jurisdiccionales a particulares, lo que llamó una medida “audaz” pero que en nada pretende privatizar la administración de justicia.
En cuanto al retiro del fuero militar para Soto es una equivocación, al defender a las fuerzas armadas. “Yo creo mucho en el profesionalismo y su responsabilidad para actuar, creo que se ha avanzado mucho en el respeto a los derechos humanos”, precisó.
Por el lado de la Silla Vacía, y las críticas que señalan que se pretende terminar con esta figura, el senador rechazó que sea cierto.
“La doble instancia es un derecho de todos los ciudadanos del mundo, en una de las pocas partes donde no se aplica es en Colombia”, aseveró el legislador del partido de la U.
De otro lado, aunque el Gobierno en cabeza del ministro fue vehemente en señalar la inconveniencia de la supervivencia del Consejo Superior de la Judicatura, esta Corporación se mantiene con una Sala de Gobierno y otra Jurisdiccional Disciplinaria.
“La historia reciente del Consejo de la Judicatura, tanto en su Sala administrativa como en la Disciplinaria, en sus 20 años al servicio de la República demostró hasta la saciedad que fue muy inferior a las expectativas que se generaron en la Asamblea Nacional Constituyente y no se han cumplido ni remotamente tal como debían haberse cumplido sus tareas”, advirtió el alto funcionario.
Sobre el juzgamiento de funcionarios aforados se aprobó la doble instancia en la Corte Suprema de Justicia. En primera instancia conocerán de estos procesos una Sala de Instrucción e Investigación y otra de Sala de Juzgamiento. La segunda instancia se cumplirá en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
En materia de requisitos para ser magistrados de las Altas Cortes, la Comisión Primera del Senado determinó una edad mínima de 50 años para posesionarse en estos cargos, tras 20 años de ejercicio profesional. Estos entre el resto de los 23 artículos fueron aprobados.
En contra
El Polo Democrático por medio de sus congresistas y la presidenta de la colectividad, Clara López Obregón continúan en oposición al proyecto, con base en críticas que han hecho las altas cortes y la Academia por lo que califican como un blindaje judicial a los congresistas y una perdida de independencia de la justicia que traerá la Reforma, y por esto envió una carta a la Comisión Primer del Senado:
– En lo que se refiere al sistema de juzgamiento de los congresistas, pérdida de investidura y régimen de conflictos de intereses, la consecuencia de la reforma es tan grave que podríamos estar ante una verdadera auto-amnistía para los 110 congresistas investigados por la Corte Suprema de Justicia, 37 de ellos por conductas tan graves como la parapolítica, lo cual viola claros antecedentes judiciales de la Corte Interamericana de Justicia.
– El Polo Democrático ve con preocupación la manera como se avanza en la privatización de la justicia, entregando funciones jurisdiccionales a particulares, centros de conciliación y tribunales de arbitramentos de las Cámaras de Comercio del país en contravención de tratados internacionales suscritos por Colombia que determinan como derecho fundamental el acceso a una justicia pública y gratuita.
Cifra
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