En la audiencia pública en la Cámara se discutieron los alcances del proyecto.
Llegar a un consenso sobre los delitos que deben ir a la Justicia Penal Militar y los que deben ir a la justicia ordinaria fue uno de los puntos de la audiencia pública realizada en la Cámara de Representantes en la que se analizó el proyecto de reforma al fuero militar.
Para el representante por el Partido Verde, Alfonso Prada, considera que no debe haber una lista de delitos sino que aquellos que hacen parte del bloque de constitucionalidad, es decir, los que afecten el respeto a los derechos humanos, vayan directamente a la justicia ordinaria.
A su turno el Presidente de la Asociación Colombiana de Militares Retirados (Acore), general (r)Jaime Ruiz , afirmó que el problema de la justicia penal militar no es exclusivo de los uniformados y advirtió que si la legislación continúa así en un futuro no habrá quien proteja al país ni a sus instituciones.
“Este sistema nos investiga y nos juzga, ha causado más bajas que el enemigo terrorista en combate, 12.000 hombres fuera del servicio. Nunca el terrorismo habría podido causar tanto daño a la institución militar”, afirmó Ruiz.
Según el secretario general del Ministerio de la Defensa, Luis Manuel Neira , “no hay ningún propósito de suspender o recortar garantías constitucionales, lo que buscamos es una claridad absoluta en un país donde está reconocido el conflicto, esto no es Holanda, ni Suiza, ni Noruega, ya hay normativa que nos rigen no creemos que este acto viole los pactos internacionales. Los miembros de la Fuerza Pública requieren una protección constitucional”.
Sin embargo, Gustavo Gallón , presidente de la Comisión Colombiana de Juristas, considera que el proyecto representa un “retroceso manifiesto con relación a los avances normativos y jurisprudenciales en relación con la justicia penal en Colombia”. Para él, la Constitución brinda las garantías suficientes a los uniformados para enfrentar a los grupos guerrilleros.
PARA SABER MÁS
TRIBUNAL DE GARANTÍAS
La inclusión de un “articulito” para fortalecer el fuero militar en la fallida reforma a la Justicia dio pie al proyecto de acto legislativo que fue radicado en marzo pasado.
La reforma contempla, entre otros, la creación de un Tribunal de Garantías Penales que tendrá competencia en todo el territorio nacional y en cualquier jurisdicción penal. Su función será servir como juez de garantías en cualquier proceso que se adelante contra miembros de la fuerza pública. Sus miembros serán elegidos por los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional.
