El proyecto de reforma a la justicia que impulsa el gobierno del presidente Juan Manuel Santos no es más que “una autoamnistía para los congresistas implicados en problemas judiciales como la parapolítica y en muy poco beneficiará la agilidad de la administración de esa rama del poder público”, señaló la presidenta del Polo Democrático Alternativo, Clara López Obregón.
Cómo es posible, dijo, que se haya incluido un polémico artículo que promueve un “auto-blindaje” para los parlamentarios que se encuentren inmersos en procesos penales.
López Obregón hizo estas observaciones al enviar al presidente de la Comisión Primera del Senado, en la que se discute la reforma a la justicia, copia de la carta que hace un mes le hizo llegar al presidente Santos haciendo algunas glosas a dicho proyecto de acto legislativo.
“El Polo Democrático envía a la Comisión Primea del Senado este documento a manera de constancia a sabiendas de que las decisiones de fondo sobre estas materias se toman en el canapé republicano del Ministerio del Interior y a manteles en la Casa de Nariño”, explicó la dirigente política.
Agregó que infortunadamente para el país, esta reforma no ha contado “con una amplia deliberación pública pluralista como quiera que el Gobierno solo habla sobre su diseño y alcances con la llamada Mesa de Unidad Nacional, cuyos acuerdos y textos la oposición conoce cuando ya se han consumados”.
Texto de la carta a Comisión Primera del Senado
El siguiente es el texto de la misiva que envió la presidenta del Polo, Clara López a la Comisión Primera del Senado:
Bogotá, 18 de abril de 2012.
Doctor
LUIS FERNANDO VELASCO CHAVES
Presidente
Y demás integrantes de la
COMISIÓN PRIMERA
SENADO DE LA REPÚBLICA
Ciudad
Ref.: Proyecto de Acto Legislativo de la Justicia
Apreciados senadores:
Me dirijo a ustedes para hacer un llamado a la Comisión Primera y al Congreso de la República para atender las críticas que desde las altas Cortes y la academia se vienen dirigiendo contra aspectos críticos de la reforma a la justicia como el blindaje judicial a los congresistas y la ampliación del fuero militar, que van en contravía de las tendencias democráticas internacionales que tienden al debilitamiento, cuando no a la eliminación, de prerrogativas y privilegios a favor de agentes estatales.
Dicho proyecto de acto legislativo que entra a la recta final para su aprobación en el Congreso, en criterio del Polo Democrático Alternativo, lesiona gravemente la autonomía de la justicia y debilita la división de los poderes a favor de la autoridad presidencial lo cual se constituye en un debilitamiento de la institucionalidad democrática del país.
Queremos llamar la atención sobre el hecho de que más allá de una reforma de la Justicia para agilizar los procedimientos, lo que se plantea es una reforma política de amplio aliento que redefine el poder político del Estado, debilita la división de los poderes tan cara para el funcionamiento de la democracia, reduce la efectividad de la institución de pérdida de investidura de los congresistas y su régimen de conflictos de intereses, da marcha atrás en materia de protección de caros derechos fundamentales y amplía la inmunidad de los miembros de la fuerza pública, entre otros.
En lo que se refiere al sistema de juzgamiento de los congresistas, pérdida de investidura y régimen de conflictos de intereses, la consecuencia de la reforma es tan grave que podríamos estar ante una verdadera auto-amnistía para los 110 congresistas investigados por la Corte Suprema de Justicia, 37 de ellos por conductas tan graves como la parapolítica, lo cual viola claros antecedentes judiciales de la Corte Interamericana de Justicia.
Infortunadamente para el país, esta reforma no ha contado con la suficiente deliberación pública pluralista como quiera que el Gobierno solo habla sobre su diseño y alcances con la llamada Mesa de Unidad Nacional, cuyos acuerdos y textos la oposición y la opinión pública vienen a conocer cuando las decisiones fundamentales ya han sido adoptadas fuera de los recintos del Congreso. La consideración de esta temática no puede responder solamente al funcionamiento de la Mesa de Unidad Nacional que se comporta como partido único, porque de hacer carrera este procedimiento de toma de decisiones extra- Congreso y de espaladas a la opinión pública general y especializada así como de las demás ramas del poder público que no son atendidas en sus reclamos, terminaremos en una ‘democracia unipartidista’, con el vago reconocimiento de unas minorías que se limiten a maquillar el sistema pero cuyo criterio no es tenido en cuenta.
El Polo Democrático ve con preocupación la manera como se avanza en la privatización de la justicia, entregando funciones jurisdiccionales a particulares, centros de conciliación y tribunales de arbitramentos de las Cámaras de Comercio del país en contravención de tratados internacionales suscritos por Colombia que determinan como derecho fundamental el acceso a una justicia pública y gratuita.
El Comité Ejecutivo Nacional del PDA, después de una discusión sobre la reforma de la justicia que contó con la activa participación de la bancada parlamentaria adoptó la determinación de instruir a sus parlamentarios votar negativamente la Reforma a la Justicia que avanza hacia su aprobación por parte de la coalición de Gobierno en el Congreso a pesar de las críticas y desacuerdo expresado por las altas cortes del país.
Adjunto a título de constancia ante el Congreso y el país, la comunicación enviada hace ya más de un mes por el Polo Democrático al Presidente de la República con el análisis de la Reforma a la Justicia y la posición del partido, la cual no ha recibido respuesta por parte del Gobierno Nacional.
Atentamente,
CLARA LÓPEZ OBREGÓN
Presidenta Polo Democrático Alternativo
Bogotá, abril 18 de 2012
