La MOE le pidió al Congreso corregir un artículo de la reforma a la justicia, que a juicio de esta organización, tumbaría la sanción de la silla vacía.
Así lo advierte la Misión de Observación Electoral al señalar que un artículo del proyecto se constituye en una “contrarreforma” política, pues elimina los “avances” en materia de sanción a partidos y congresistas comprometidos con grupos ilegales.
Durante la audiencia pública de la reforma a la justicia la Misión de Observación Electoral (MOE) le pidió al Congreso corregir un artículo de la reforma a la justicia, que, a juicio de esta organización, tumbaría la sanción de la silla vacía, establecida en la reforma política del 2009.
El artículo 134 de la Constitución, modificado precisamente por la reforma del 2009, establece que no habrá reemplazos en las curules de quienes resulten condenados por delitos relacionados con “pertenencia, promoción, financiación por grupos armados ilegales, narcotráfico, por delitos contra los mecanismos de participación democrática o por delitos de lesa humanidad”.
El proyecto de reforma a la justicia elimina los incisos de este artículo y lo reduce a que “Los miembros de las corporaciones públicas de elección popular no tendrán suplentes y sólo podrán ser reemplazados en caso de muerte, incapacidad física absoluta para el ejercicio del cargo, o renuncia justificada y aceptada por la respectiva corporación”.
Y además, incluye un parágrafo transitorio que señala que este artículo “se aplicará para los hechos que se produzcan a partir de la entrada en vigencia del presente acto legislativo”.
Alejandra Barrios, directora de la MOE, dice que la reforma política del 2009 estableció que la renuncia de los congresistas, argumentando investigaciones judiciales, no será justificada y no podrá ser aprobada por el Congreso. Sin embargo, dice Barrios, la reforma a la justicia elimina esta condición y abre el espacio para que sea justificada.
Barrios también considera que el parágrafo transitorio “difiere la aplicación de la silla vacía a los hechos posteriores a la entrada en vigencia de la reforma a la justicia”, con lo que la curul de Javier Cáceres, la primera silla vacía que se aplicó en el Congreso, se podría reemplazar.
El senador Luis Carlos Avellaneda (Polo) considera que ese artículo de la reforma a la justicia deroga todas las sanciones de la reforma política y que así lo viene advirtiendo en los debates de este proyecto.
Otro de los ponentes, el senador Jesús Ignacio García (P. Liberal) defiende otra postura. Dice que tal como lo contempla la reforma a la justicia, la silla vacía, que antes era por determinados delitos, ahora se amplía a cualquier tipo delito, por lo que considera que este proyecto no es ninguna “contrarreforma” política.
La duda jurídica se concentrará en el llamado principio de favorabilidad. Significa que cualquier partido político que no haya podido reemplazar una curul, por cuenta de la reforma política del 2009, puede reclamarla con la nueva disposición de la reforma a la justicia.
