El presidente Álvaro Uribe firmó el texto de esta iniciativa popular, que fue respaldada por más de dos millones de firmas, y la dejó lista para que la Corte Constitucional inicie su estudio, una tarea que podría demorar cuatro meses.
El referendo busca modificar el Artículo 34 de la Constitución Política, que en la actualidad prohíbe las penas de destierro, confiscación y prisión perpetua en Colombia.
Si la Corte no encuentra vicios de forma y da su visto bueno, los colombianos podrían votar para que se incluya en el Artículo 34 un tercer inciso, que permita la cadena perpetua para quienes cometan homicidio doloso, violación y explotación sexual, lesiones personales y secuestro cometidos contra menores de 14 años y en menores de edad con discapacidad física y mental”.
Para Gilma Jiménez, concejala y vocera de este referendo, la llegada del proyecto a la Corte es otro de “los milagros” que ha tenido este proceso.
“No tengo dudas de que todos esos niños que están en el cielo tienen un combo que está haciendo milagros para sacar adelante este referendo”, dijo al ser consultada por este diario.
Jiménez recordó que este referendo ha conseguido todo en tiempo récord: en 40 días se consiguieron las 230 mil firmas para crear el comité promotor, y entre septiembre y diciembre del 2008 recogieron más de dos millones de firmas para llevar el proyecto al Congreso. Ahora, la meta es conseguir siete millones 200 mil votos. “Yo sí creo que vamos a conseguir 10 millones”.
La idea es que los colombianos puedan votar este referendo la última semana de noviembre o la primera de diciembre.
“Esta herramienta va a ayudar a que el Estado vuelque sus ojos hacia las víctimas, que son los niños, los cuales merecen una atención extraordinaria para poder recuperar sus vidas”, dijo el representante David Luna, ponente del referendo en la Cámara.
Este es el primero de los tres referendos que estudió el Congreso el año pasado -los otros dos son el reeleccionista y el del agua- .
Una vez que llega a la Corte, es repartido a uno de los nueve magistrados para que ordene las pruebas que sean necesarias, en su calidad de ponente.
Después, hay un plazo de 10 días hábiles para que los ciudadanos se pronuncien sobre esta iniciativa. Luego, es enviado a la Procuraduría para que en 30 días hábiles emita un concepto.
Posteriormente, el magistrado ponente tiene 30 días para elaborar su fallo y, finalmente, la sala plena de la Corte dispone de 60 días para emitir un fallo, aunque los plazos podrían acortarse.
