Bogotá, 18 de diciembre de 2019. A continuación, se realiza una transcripción del artículo publicado por El Nuevo Siglo. El texto y la imagen fueron tomados de su página web.
Seguramente estos no son los mejores días para una institución tan prestigiosa como la Corte Suprema de Justicia: no logró elegir Fiscal General de la terna que el pasado 3 de diciembre hizo llegar el presidente Iván Duque, por lo que la interinidad en el cargo seguirá hasta al menos enero próximo; y tampoco en todo el año pudo elegir un solo magistrado para las vacantes que se van produciendo, al punto que ya suma ocho.
La explicación de ello es que en todas estas votaciones en Sala Plena, la de Fiscal y para llenar las vacantes, no se han alcanzado los 16 requeridos, pues es la mayoría, para elegir.
Se sabe que el voto en la Corte Suprema es secreto y por ello es entendible que cada uno de los 23 magistrados que componen esta Corporación, aunque como se dijo en este momento solo hay 16 porque no ha podido llenar las vacantes, tenga su criterio y preferencia por los aspirantes que se presentan a una elección.
Sin embargo también cabe la posibilidad que en casos de coyuntura como es el que se presenta en este momento con una interinidad de siete meses en el cargo de Fiscal General o la reducción dramática en el número de integrantes actuantes, hasta quedar con apenas los 16 que conforman el quórum, los magistrados pueden hacer consensos y llegar a acuerdos sobre algunos nombres para desbloquear las votaciones.
Incluso en años anteriores en que la Corte Suprema también acumuló vacantes porque ninguno de los aspirantes obtenía los 16 votos de rigor, se sabe que las salas de Casación Penal, de Casación Laboral y de Casación Civil y Agraria hicieron acuerdos para llegar a las votaciones cada una con sus candidatos y así facilitar ponerse de acuerdo.
No obstante este año como se dijo brilló por su ausencia el consenso en las votaciones de la Corte para vacantes, como lo demostró el hecho que no logró elegir uno solo de los que actuarán en Sala Plena, aunque sí eligió los que integran las nuevas salas de Instrucción y de Primera Instancia, para el tema de la doble instancia.
Tampoco se logró el consenso en Sala Plena extraordinaria en las tres votaciones que alcanzó a hacer por la terna que presentó el presidente Duque, la última de ellas el pasado lunes cuando el que estuvo más cerca de ser elegido fue Francisco Barbosa (Consejero Presidencial para los Asunto Internacionales y Derechos Humanos), quien logró 11 votos.
Aunque en este caso a favor de la Corte podría decirse que la Casa de Nariño hizo llegar la terna apenas tres semanas antes de que se iniciara la vacancia judicial (vacaciones de la Rama), poniendo de esta forma a los magistrados en una carrera contra el reloj en un tema tan delicado como es la elección de Fiscal General.
El Jefe de Estado tuvo la oportunidad de hacer llegar esta terna mucho antes, que también integran Camilo Gómez (Director de la Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado) y Clara María González (Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República), pues la renuncia de Néstor Humberto Martínez al cargo se produjo en mayo pasado, sin embargo el Jefe de Estado adujo que esperaría a que el alto Tribunal llenara sus vacantes.
En este sentido el pasado 4 de junio el presidente Duque dijo en una entrevista acerca de la terna, que había querido “guardar un poco de prudencia” ya que en ese momento la Corte Suprema “no tiene el número de magistrados” para que “pueda darse ese proceso con todas las garantías”.
¿Bloquean a propósito?
Sin embargo las dificultades que tiene la Corte Suprema para cumplir su función electoral irían más allá de la falta de consenso o de que es complicado obtener la mayoría de 16 votos, más en este momento en que se requiere unanimidad porque solo cuenta con 16 magistrados, a juzgar por lo manifestado por el presidente del alto Tribunal, Álvaro García, quien dijo ayer que hay una minoría que de forma deliberada bloquea las votaciones.
“El problema de ese quórum tan exiguo nos ha llevado a que una minoría empiece a bloquear esos nombramientos y esas designaciones. Ha generado que todo se vaya volviendo un paquete, un bloque, para el nombramiento y, por qué no decirlo, se van presentando intereses de cada uno de los magistrados y esas minorías, que no alcanzan a tener una fuerza para la elección, van teniendo una fuerza para el bloqueo. Se presenta una dictadura de las minorías”, dijo el jurista García a Blu Radio.
Añadió que “demoraron tres meses exigiendo que el vicepresidente era este y no votaban. Es una práctica. Al principio ni piden, sino que guardan silencio y luego imponen su voluntad. Ahora, por ejemplo, si quedamos 16, uno solo puede bloquear cualquier nombramiento”.
Por ello el Presidente de la Corte Suprema dijo que es necesario reformar el reglamento interno de esta Corporación. “Hay otra propuesta complementaria y es que el voto no sea privado, sino público porque de esa manera se va a saber quiénes son los que se oponen y deben dar razones”, puntualizó.
En cuanto a la elección del Fiscal General, que se quedó para el 23 de enero del próximo cuando se verificará la primera Sala Plena de la Corte Suprema en esa vigencia, el magistrado García dijo que “hemos tratado de hacerlo muy rápido, desde el día en que el Presidente entregó la terna, que fue hace muy poco. El primer problema que tenemos es del reglamento que tenemos. Es un reglamento muy difícil porque si se exigen dos terceras partes de los componentes de la Corte, se vuelve muy difícil cuando esas vacantes se van presentando”, puntualizó.
‘Demandan’ a la Corte
Por las demoras en la elección de vacantes de magistrados la Corporación Excelencia en la Justicia presentó el pasado lunes una acción de cumplimiento contra la Corte Suprema para buscar que esa corporación ejecute juiciosamente sus deberes a ese respecto. En palabras del director ejecutivo de la CEJ, Hernando Herrera Mercado, “la acción de cumplimiento se suma a la excepción de inconstitucionalidad y a varios derechos de petición, acciones jurídicas también interpuestas por este centro de pensamiento para conminar a la Corte a la provisión de las vacantes pendientes”.
La excepción de inconstitucionalidad pretende que para esta ocasión los magistrados tengan que votar públicamente por los candidatos, y no en secreto, como en la actualidad lo permite su reglamento, con lo que según la CEJ se eliminaría la posibilidad del bloqueo anónimo.
“Los derechos de petición han indagado por las razones para la demora de los nombramientos y que se convoque a sesiones permanentes y extraordinarias hasta cumplir con dicha labor antes de la vacancia judicial. Y la acción de cumplimiento pretende que la Sala Plena ejecute los mandatos constitucionales y legales que la emplazan a reemplazar oportunamente las curules disponibles”, señaló Herrera.
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