Y es precisamente ese el argumento, que la institucionalidad del país es lo suficientemente fuerte como para investigar y castigar eventuales ataques a los jueces y fiscales, por el que el procurador Alejandro Ordóñez y el vicefiscal Guillermo Mendoza Diago se opusieron a la petición de la Corte Suprema. Ordóñez dijo que la presencia del Relator podría generar fricciones entre las instituciones.
“Se justificaría si los organismo de control y judiciales no estuvieran trabajando en las investigaciones, pero en este caso lo estamos haciendo”, subrayó.
El Procurador dijo que, por lo menos su despacho, ha tomado decisiones de fondo “menos de 45 días” después de que estalló el escándalo de las ‘chuzadas’.
“Ahí sí, como dice el dicho, si quieren más que les piquen caña”, dijo Ordóñez al referirse a su reciente medida de abrir investigación disciplinaria contra tres ex directores del DAS, un ex subdirector y tres altos funcionarios de la Casa de Nariño por los hechos.
También advirtió que este tipo de propuestas “abre compuertas de desestabilización institucional” de imprevisibles consecuencias.
La Corte Suprema, que el viernes recibió una Comisión de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para hablar del tema, empezó a analizar ayer mismo la posición de Ordóñez. A esta, además, se sumó el vicefiscal Mendoza, quien señaló que “Colombia tiene la suficiente capacidad en su sistema judicial para administrar justicia”.
La Corte responde
Sobre el tema, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Augusto Ibáñez, afimó que “solo queremos contar con un acompañamiento internacional en esta situación”, dijo el magistrado Ibañez.
En una declaración rendida después de una reunión de Sala Plena que duró tres horas, y en la que los magistrados analizaron el contenido de los informes presentados ayrr por el director del DAS, Felipe Muñoz; y el director de la Uniaf, Mario Aranguren; Ibañez aseguró que la Corte no pretende desestitucionalizar al país con su petición de contar con el Relator Especial de la ONU.
El Presidente de la Corte Suprema tampoco quiso polemizar con el procurador Alejandro Ordóñez, quien consideró inconveniente la presencia del representante del organismo multilateral en el país y sólo se limitó a decir que en este caso “cada estamento actua dentro de sus fueros”.
Procuraduría confirma archivo de investigación contra Jefe de Prensa de Palacio
Cesar Mauricio Velásquez era indagado por la visita al Palacio de los abogados Diego Álvarez y Óscar Iván Palacios y el ex jefe paramilitar Severo Antonio López, alias ‘Job’.
El Jefe del Ministerio Público resolvió una impugnación presentada por los magistrados de la Corte Suprema y reiteró que Velásquez no participó en esas reuniones. “En este caso no puede haber decisión sin dolo y el funcionario no tuvo conocimiento de los temas tratados en las reuniones ni la voluntad de actuar”, dijo.
En la decisión también confirmó el pliego de cargos contra el secretario jurídico de la Presidencia, el abogado Edmundo del Castillo.
Cidh indaga sobre seguridad de magistrado Cesar Julio Valencia Copete
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) pidió al Gobierno informes sobre la situación de seguridad personal del magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia Cesar Julio Valencia Copete y de su familia como parte del trámite para solicitar al Estado colombiano de medidas cautelares a favor del jurista.
La solicitud fue hecha por la defensa del magistrado Valencia Copete, quien fue denunciado por el presidente Álvaro Uribe Vélez por injuria y calumnia a raíz de unas declaraciones dadas por el miembro de la Corte Suprema.
Según el apoderado del magistrado, el abogado Ramiro Bejarano, los requerimientos del Cidh fueron hechos el pasado 13 de mayo y también piden explicaciones al gobierno sobre las investigaciones administrativas sobre los seguimientos y escuchas ilegales contra Valencia.
La comunicación del Cidh está firmada por el secretario ejecutivo, Mario López Garelli y le da un plazo de 20 días al gobierno para responder a sus requerimientos.
El Tiempo / 19 de mayo de 2009
