Así lo manifestó el presidente del Consejo de Estado, quien cuestionó ese tipo de procedimientos, pues a pesar de que cada una de las entidades sabe cuáles son sus deberes, obligan a los usuarios a acudir a la tutela, congestionando los despachos judiciales.
“Lo que se ha evidenciado es que el sistema de salud tiene dificultadas en su funcionamiento y en el reconocimiento de los derechos de los afiliados, en cuanto al acceso al fundamental de la salud”, señaló el magistrado Rafael Ostau de Lafont.
En tal sentido, el jurista consideró necesario alertar a las autoridades administrativas para que tengan en cuenta las decisiones que se han tomado en temas específicos, lo cual además de beneficiar a los ciudadanos que reclaman sus derechos vía tutela, evitará trámites judiciales innecesarios.
“Más que el tema de la responsabilidad”, señaló Ostau de Lafont, “lo que hay es que asumir un compromiso relacionado con el respeto a las decisiones judiciales y, en la medida que se pueda de acuerdo al caso, se reiteren los pronunciamientos”, añadió.
Este pronunciamiento se suma a los que en otras oportunidades han emitido cortes como la Constitucional sobre acciones relacionadas con la prestación del servicio de salud.
“Está suficientemente probado que la tutela, siendo un instrumento valioso y extraordinario para la protección de los derechos de los ciudadanos, ha sido, en muchos casos, un elemento perturbador de la atención de los demás procesos que la justicia debe atender”, dijo el magistrado.
En tal sentido -agregó- “es importante que se respeten y se apliquen las tutelas para que la gente, sin necesidad de ir a los jueces, obtenga la protección que reclaman”.
“Más que un llamado al Gobierno, lo que se requiere es que las autoridades administrativas cumplan las normas que regulan la prestación del servicio de salud, para de paso colaborar con la administración de justicia”, concluyó De Lafont.
La Republica / 30 de abril de 2009
