en el marco de un debate de control político promovido por el Representante Carlos Arturo Piedrahita que se debe realizar en este mes, decide citar al Gobierno en busca de respuestas a la serie de cuestionamientos que se tienen sobre la aplicabilidad y efectividad de la Ley. Entre los citados del Gobierno se encuentran el Fiscal General, el Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, el Presidente de la Corte, el Procurador y el Ministro del Interior.
Una de las principales razones de la inoperancia de la norma es la falta de apoderados, centros carcelarios, presupuesto y salas de audiencias, situación que genera más impunidad e impide el propósito vital de descongestionar la justicia.
