Sus tesis van desde hacer una simple unificación de la legislación penal que existe hoy en día hasta una reforma constitucional que permita replantear la estructura de la Fiscalía e implantar un verdadero sistema acusatorio en el país.
Actualmente, cursan en el Congreso tres proyectos presentados por la Fiscalía que buscan reformar los códigos penal, de procedimiento penal y penitenciario.
El primero de ellos, pasó su primer debate en el Senado y está pendiente de su estudio en la plenaria de la Corporación. Los otros dos ya hicieron su paso por el Senado y están a punto de entrar a la Cámara.
Alfredo Fuentes, director de la CEJ, señaló al revelar los resultados de siete foros que ha organizado la entidad en varios lugares del país para estudiar estos proyectos, que aunque no existen mayores reparos a la reforma al código penal, las dudas se presentan respecto del de procedimiento.
Según Fuentes, el proyecto no plantea mayores cambios frente a la situación actual, en la que la posibilidad de que la Fiscalía tome decisiones judiciales se ha prestado para vulnerar los derechos de los sindicados.
En su opinión, las medidas de aseguramiento y las resoluciones de acusación deben ser dictadas por un juez a solicitud de la Fiscalía y no por un fiscal como ocurre actualmente. Para cambiar esta situación sería necesaria una reforma constitucional que podría hacerse dentro de la misma reforma política que transita hoy en el Congreso, aseguró.
De inmediato, el fiscal General de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, le replicó que en Colombia no se requieren más reformas a las leyes sino empezar a aplicar las que ya hay, pues según él, en el país existe una manía de cambiar la Constitución, a pesar de la cual los problemas siguen .
Yo creo que esa manía es un pretexto para no actuar , agregó.
Sostuvo en cambio que el propósito de la Fiscalía con los proyectos que presentó es mucho más modesto, pues simplemente se busca recoger toda la legislación penal que ha sido dictada al vaivén de los acontecimientos y establecer unos criterios claros que permitan saber a ciencia cierta qué delitos son más reprochables que otros.
Hemos descuartizado la legislación penal por la presión de una opinión pública que no esta lo suficientemente informada , señaló.
Julio César Ortíz, presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, afirmó por su parte que la Judicatura no reconoce la competencia de la Fiscalía para presentar esos proyectos de código, pues esa función le corresponde a ella. Así, de aprobarse una reforma basada en la iniciativa del Fiscal, sería inconstitucional, preciso.
Además, mostró su preocupación por el hecho de que en la formulación de los proyectos haya estado marginada la sociedad civil.
Mientras tanto, Fernando Arboleda Ripoll, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, señaló que si el propósito de la reforma es solamente unificar la legislación penal, eso de por sí ya sería un paso de avanzada .
Sin embargo, agregó que los proyectos de código pueden ser un espacio adecuado para introducir reformas que si bien no son la panacea si podrían ser un alivio para la situación actual.
El Tiempo / 19 de marzo de 1999
