Bogotá, 9 de enero de 2021. A continuación, se reproduce el artículo publicado por El Tiempo. El texto y su imagen fueron tomados de su página web.
A punto de arrancar la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que debió empezar a operar desde 2016 para juzgar disciplinariamente a jueces, abogados y fiscales, la polémica que acompañó a la Sala Disciplinaria de la Judicatura, a la que reemplaza, no ha faltado.
La Sala Disciplinaria, eliminada en 2015, aún pervive y sus magistrados –dos de los cuales llevan 12 años atornillados en el cargo– están de vacaciones y no han terminado de desocupar las oficinas ni hacer el inventario de casos que deben entregar a sus sucesores.
Además, en una carta, los siete magistrados electos –dos de los cuales comenzaron con críticas: Magda Acosta por ser actual magistrada de la Sala Disciplinaria y Juan Carlos Becerra, quien está en juicio por Odebrecht– denunciaron trabas en su posesión, que será el 18 de enero, y que los quieren “sacar” del Palacio de Justicia.
Así ha pintado el inicio de un órgano sobre el que hay mucha expectativa, pues por años se criticó la interinidad y falta de transparencia de la Sala Disciplinaria.
Precisamente, el exmagistrado de esa sala Néstor Iván Osuna dijo que un reto para la nueva Comisión es recuperar el prestigio, “una institución que administra justicia y que enjuicia a los jueces debe tener enorme prestigio”, dijo, y agregó que otro gran reto será acabar con la corrupción judicial “aprovechando lo novedoso del órgano, a lo mejor puede implementar técnicas de investigación, más rapidez en su actuar, para erradicarla”.
Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, comentó que tomar decisiones rápidas en casos de corrupción judicial será crucial para devolverle la credibilidad a la justicia “y garantizarle a la ciudadanía un ejercicio mesurado, ético y decente del ejercicio del derecho”.
Y el exmagistrado de la Sala Administrativa de la Judicatura Pablo Cáceres indicó que, como su función será parecida a la de la Procuraduría, se espera que los magistrados “guarden imparcialidad y se comporten en el fondo como se comportaría el Procurador”.
Pero otro reto puede venir por los cuestionamientos con los que arranca la sala a dos de sus magistrados y que incluso les podrían traer demandas contra su elección.
Por ejemplo, Acosta, actual magistrada de la Sala Disciplinaria, en la práctica se está reeligiendo en el cargo, lo cual es ilegal.
Al respecto, Osuna explicó que muy probablemente vendrán demandas y que será el Consejo de Estado el que las resuelva.
Y sobre la denuncia de que los quieren sacar del Palacio de Justicia, desde el Consejo Superior de la Judicatura, órgano administrativo de la Rama Judicial, dijeron que desde hace varios años el Palacio se quedó corto para la cúpula de la justicia y hoy un 30 por ciento de los servidores judiciales de las altas cortes trabajan desde inmuebles diferentes.
“El Consejo Superior continuará gestionando la expansión del Palacio de Justicia, pero mientras eso se materializa, debe habilitarse un inmueble que permita la prestación del servicio en forma acorde con la naturaleza de las importantes funciones que desempeñará la Comisión como órgano de cierre de la jurisdicción disciplinaria”, concluyeron.
Sobre el tema, para los exmagistrados Osuna y Cáceres, el lugar desde el cual trabajen los nuevos magistrados es secundario, desde que tengan un espacio adecuado para cumplir sus funciones.
Por lo pronto, los magistrados electos enviaron otra carta a los presidentes de las altas cortes, al Fiscal y a un sindicato de la Rama Judicial repudiando nuevamente la decisión de sacarlos del Palacio y pidiendo que se convoque una reunión en la que ellos puedan exponer sus preocupaciones por el traslado de la sede, la suspensión de términos en los procesos disciplinarios “y otros aspectos que resultan fundamentales para el inicio de las funciones de la Comisión”.
