Así lo afirmó el ente de control, al pedirle a la Corte Constitucional que declare inexequibles los artículos 13 a 33 de la Ley 1437, que regularon de forma íntegra, estructural y completa el derecho de petición, señalando los requisitos para su ejercicio, restricciones, procedencia, trámite y consecuencias.
Previendo las consecuencias de la inexequibilidad, el Ministerio Público le pidió a la Corte modular los efectos de su decisión en el tiempo y exhortar al Congreso a expedir una ley estatutaria que regule el tema.
(Procuraduría, Cpto. 5176, jun. 24/11)
