Según la CEJ, de no aprobarse la misma en las sesiones plenarias o de ser necesario acudir a vías extraordinarias jurídicamente frágiles, el país quedará en estado de incertidumbre y se arrojarán dudas ante el mundo sobre nuestra real voluntad de devolverle a Colombia una posición de respeto en el concierto de las naciones . Este es el texto del pronunciamiento: La Corporación Excelencia en la Justicia, entidad sin ánimo de lucro que reúne a más de 80 miembros entre universidades, centros de investigación, gremios, empresas privadas y capítulos regionales interesados en la eficacia de la justicia, ha seguido con interés y expectativa el trámite de los proyectos de ley que buscan dotar al Estado de herramientas eficaces en la lucha contra el narcotráfico.
En efecto, la aprobación del aumento de penas y la extinción de dominio sobre bienes producto de actividades ilícitas no sólo permitirá que nuestro régimen jurídico alcance estándares similares a los internacionales, sino que le dará a Colombia la autoridad moral para exigir a otros países combatir con más efectividad el consumo de drogas. En un contexto de grave crisis financiera, los recursos derivados de bienes y riquezas adquiridos ilícitamente pueden también contribuir a enfrentar estas organizaciones delictivas transnacionales. La extinción del dominio debe aplicarse cualquiera sea la época de adquisición o destinación ilícita de los bienes, para evitar una vergonzosa amnistía de activos malhabidos.
La experiencia ha demostrado que los colombianos seguimos desamparados frente al enorme poderío del crimen organizado, y son evidentes los vacíos e insuficiencias de nuestra legislación para combatir la impunidad en estas materias. Fortalecerla y hacerla ejemplarizante frente a delitos de lesa humanidad constituye un compromiso con el interés general de la República y con la comunidad internaciona. La Corporación cree que únicamente una justicia eficaz y una sociedad más justa podrán detener la acelerada descomposición de los valores que vive el país.
La mayor contribución al futuro de la sociedad colombiana sería un Congreso comprometido con las grandes decisiones que impone la más crucial hora en la vida de la República. Para la Corporación es un paso alentador la aprobación en las comisiones primeras de la extinción del dominio, pero quiere señalar que de no aprobarse la misma en las sesiones plenarias o de ser necesario acudir a vías extraordinarias jurídicamente frágiles, el país quedará en estado de incertidumbre y se arrojarán dudas ante el mundo sobre nuestra real voluntad de devolverle a Colombia una posición de respeto en el concierto de las naciones.
Suscriben el comunicado Alejandro Martínez (Asociación Colombiana del Petróleo); Germán Cavelier (Cavelier Abogados); Guillermo Carvajalino (Fundación Corona); Guillermo Fernández de Soto (Cámara de Comercio de Bogotá); Hernando Sebá (Universidad de la Salle); J. Mario Aristizábal (Conconcreto); Jesús Villamizar (Banco Ganadero); Jorge Cárdenas ( Federación Nacional de Cafeteros); Juan Sebastián Betancur (Fundación Suramericana); Julio Manuel Ayerbe (Corporación Financiera del Valle; Leonidas López (Capítulo del Tolima); María Isabel Patiño (Asocolflores); Rafael Santos (EL TIEMPO); Sergio Muñoz (Fundación Social); William Fadul (Fasecolda) y Alfredo Fuentes, director ejecutivo de la corporación.
El Tiempo / 28 de noviembre de 1996
