El pasado encuentro del Contencioso Administrativo de Medellín, de mediados del mes pasado, sirvió a la Jurisdicción para discutir el Código que viene y afrontar una etapa de ajuste y socialización necesaria para continuar su trámite en el legislativo.
Ostau de Lafont Pianeta habló con EL COLOMBIANO sobre los alcances del nuevo Código y la importancia que tiene en momentos en que la Justicia necesita ser más expedita y fortalecer al proceso de descongestión, que ya viene trabajando.
¿Qué quedó del encuentro del Contencioso Administrativo en Medellín para lo que va a ser el nuevo Código?
“El encuentro adquirió una gran importancia porque se analizó el proyecto del nuevo Código Contencioso Administrativo que es el producto del repensamiento de la Jurisdicción y la modernización de la misma para adaptarla a las nuevas previsiones que el ordenamiento jurídico colombiano ha contemplado”.
¿En qué va el proyecto de elaboración del Código?
“Es un proyecto de singular trascendencia porque, además, un código no se hace todos los días. Ya decantamos la experiencia del Código anterior y porque creemos que frente al reto del Siglo XXI, que impone muchas consideraciones, es importante tener una legislación actualizada, acorde y consecuente con las mismas”.
¿Cuáles son los cambios que va a tener el nuevo Código Contencioso Administrativo?
“Son muchos. Se inspiran en una razón filosófica de lo que debe ser un código moderno en materia administrativa. Partimos del fortalecimiento de los procedimientos que deben seguirse por parte de los administrados ante la administración, en el sentido de simplificarlos, hacerlos más viables, más garantistas y darles oportunidades de dirimir sus controversias en forma directa. Confiamos en que la eficacia de estos procedimientos pueda determinar que cada vez más los administrados vayan menos donde el Juez, que éste sea un último recurso”.
Según esto, ¿qué tipo de procedimientos son los que debe encontrar el administrado?
“Cuando se requiera ir donde el Juez, el administrado debe encontrar procedimientos ágiles, garantistas, que le permitan hacer efectivas las condenas a su favor, que no se dilaten innecesariamente en el tiempo, que no tengan el vicio de la tramitología. En esta nueva concepción de proceso judicial contencioso tiene un gran componente de oralidad”.
¿Esto va en la misma línea de las políticas de descongestión judicial?
“Más bien va en la política de la eficiencia de la Justicia y si como consecuencia de esto se descongestionan los despachos judiciales, bienvenida la descongestión”.
¿Cómo analiza la Jurisdicción los anuncios del presidente Álvaro Uribe Vélez de destinar 62 millones de dólares para fortalecer la rama Judicial y el proyecto de arancel para procesos mayores de 200 millones de pesos?
“Lo primero que hay que resaltar es el apoyo total del Presidente de la República y su equipo de gobierno al proyecto de Código. Es indudable que esto se ha trabajado en forma consensuada. El Gobierno ha participado mucho en la elaboración.
El tema de los créditos se viene trabajando hace años. Son puntos de apoyo importantes a proyectos y planes de la administración de justicia.
Sobre el arancel, ya fue aprobado en la Ley 1285 de 2009 (Estatutaria de la Administración de Justicia). Entendemos el planteamiento del Presidente en el sentido de que el Gobierno debe cumplir con la ley y a su vez incorporar en el proyecto de presupuesto, para el año entrante, que garanticen el cumplimiento de lo que la ley ordena en ese sentido”.
¿Qué le sigue al nuevo Código?
“El Código ya fue elaborado por la comisión creada para tal efecto. Esta sufriendo una etapa siguiente que es un proceso de decantación y socialización. Lo que viene es un acercamiento explicable con el Honorable Congreso de la República para enterarlo del alcance y la dimensión de la propuesta. Y por último será presentado formalmente al Congreso para efecto del trámite legislativo correspondiente”.
