QUE EL nuevo proyecto de reforma a la justicia no se convierta en un disfraz de la que fracasó el año pasado, pidieron congresistas y Altas Cortes al Gobierno nacional, que estableció la aprobación de este acto legislativo como una prioridad del periodo de sesiones que comenzará en marzo.
El articulado, que aún está siendo redactado por el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, prevé convertir en leyes varios de los decretos expedidos por el Gobierno en el marco de la conmoción interior por el paro judicial.
“Si me preguntaran por una reforma estructural del nivel legal, les diría: ‘es prioritaria la reforma para descongestionar la justicia’. Estamos en un proceso, diría yo, prudente pero eficaz, de construcción de consenso”, manifestó el presidente Álvaro Uribe al ser cuestionado sobre los alcances de este nuevo proyecto.
No obstante, los voceros de los partidos políticos pidieron al Gobierno que se concentre en sacar adelante una reforma que se enfoque en la descongestión judicial y no busque quitarle poderes a las Cortes.
“Fuimos muy críticos con la reforma pasada y es obvio que el tema de la descongestión judicial es muy importante porque la congestión que se presenta en este momento es preocupante”, señaló el vocero de Cambio Radical, senador Rodrigo Lara.
A su turno, la senadora Cecilia López, vocera del Partido Liberal, afirmó que su colectividad ya había vaticinado la presentación de este acto legislativo.
“Nosotros ya habíamos prevenido al Congreso sobre esto: que el Gobierno iba a camuflar los alcances que no pudo lograr con la reforma anterior presentando un nuevo proyecto, que además iba a convertir en normas los decretos expedidos por la conmoción”, indicó López, quien exigió que la iniciativa sea concertada en su totalidad con la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Corte Suprema y el Consejo Superior.
Consensos
El primer acercamiento entre las Cortes y el Gobierno para hablar sobre el tema no estuvo exento de polémicas, ya que los presidentes de los Tribunales pidieron combatir la congestión judicial con la legislación vigente.
Sin embargo, el Gobierno se negó a ceder con su proyecto
El presidente Uribe sostuvo que el proyecto debe estar concertado para antes del 16 de marzo, cuando se inicien las sesiones ordinarias del Congreso.
“Meta: el 16 de marzo haber logrado un alto nivel de consenso con las Altas Cortes para que podamos tener un trámite expedito en el Congreso de la República de la reforma que agilice la justicia en Colombia”, señaló el mandatario.
La anterior reforma judicial fue retirada por el Ejecutivo después de que en su primer debate los presidentes de las Cortes criticaran su alcance y aseguraran que ésta solamente lograría quitarle poderes a los Altos Tribunales.
Además, el proyecto tendría problemas para ser aprobado, al menos en Senado, en donde varios congresistas tienen investigaciones preliminares en la Corte Suprema o son reemplazos de parapolíticos.
El Nuevo Siglo / 09 de febrero de 2009
