Aunque respetuoso del Congreso, el Gobierno no descarta demandar algunos puntos de la reforma.
Así lo dijo el Ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, quien aseguró que no cree que el Congreso haya dejado de escuchar al Gobierno pero reconoce su desacuerdo con varios puntos que quedaron aprobados este miércoles en la reforma de la justicia.
En entrevista con EL TIEMPO, el Gobierno reconoce que no le gustaron algunas medidas en la institución de la pérdida de investidura y que se apliquen a los actuales magistrados modificaciones en su periodo y su edad de retiro.
Según el Ministro, sí hubo “mortificación” porque el Gobierno fue excluido de la conciliación del texto final, en la que participaron una docena de Congresistas. Sin embargo, aseguró que “fue respetuoso de la decisión y que fue escuchado en los temas grandes”.
¿La reforma no acaba con la institución de la pérdida de investidura que era lo que tanto temía el Gobierno?
No. Pero hay que reconocer que introduce dentro de la institución una serie de cambios, algunos de los cuales son razonables y otros con los que no está de acuerdo el Gobierno.
¿Cuáles?
No le gusta al Gobierno que se termine adoptando la fórmula del Senado por encima de la de Cámara en la conciliación. La del Senado desvirtúa elementos esenciales de la pérdida de investidura que es una sanción drástica al que incurre en faltas que no se compadecen con la investidura del congresista. En la medida en que el nuevo esquema se establece una distinción entre pérdida de investidura y la suspensión de la misma, solía ser una tarjeta roja directa y ahora lo que queda es una roja y una amarilla. En todo caso, las causales de la pérdida de investidura siguen, salvo las del régimen de inhabilidades, siendo las mismas. La pérdida de investidura sigue existiendo como tal.
Pero se modifica la votación para pérdida. Ya no es mitad más uno sino tres quintas partes…
Se establecen modificaciones al procedimiento de pérdida de investidura que en el fondo no propician impunidad sino que se dan garantías. Hay que tener en consideración que esta es una sanción sumamente grave porque apartan para siempre al congresista de la actividad que escogió. Para que a un médico le quiten la licencia se necesita que incurra en faltas sumamente graves. Hay que mirarlo también desde ese punto de vista.
Además se exige que a los congresistas se les demuestre que actuaron con dolo…
Esa es otra de las características en las que el Gobierno no está de acuerdo. No está de acuerdo porque piensa que entre los elementos esenciales de la pérdida de investidura tradicionalmente ha sido su condición de ser sanción de carácter objetivo. Es decir, que basta con que ocurra la causal para que se sancione sin tener en consideración el nivel de dolo con el que se haya actuado. Esta es una consideración que tuvo en cuenta el Congreso para dar garantías y es entendible desde el punto de vista jurídico pero preocupa desde la institución misma de la pérdida de investidura.
¿El Gobierno ha pensado en demandar los puntos de desacuerdo?
Habrá que mirar. El Gobierno no tenía que llegar a una conciliación con los Congresistas porque son ellos los que toman las decisiones. El Gobierno lo que hace es hacer oír su voz pero quienes resuelven son los congresistas. Ahora habrá que ver si con relación a temas puntuales vale la pena pensar en algún tipo de medidas. Hay que mirarlo con cuidado antes de tomar decisiones como las que usted menciona. En principio esto nos obliga a acatar y respetar, tanto en lo que se está de acuerdo como en lo que se quedó más o menos inconforme.
Se teme que la reforma lleve al fin de la silla vacía, ya que congresistas no podrán ser capturados hasta la acusación y la doble instancia alarga los procesos penales hasta más de cuatro años…
Esto se atendió como se atiende un reclamo de muchas voces del país. En eso tienen toda la razón, no hay explicación alguna para que el colombiano del común tenga derecho a la doble instancia y los congresistas no. Hoy día la doble instancia se constituye como una garantía universal. Lo que se está haciendo es la separación entre investigación y juzgamiento, y el juzgamiento sigue estando en manos de la Corte Suprema. El régimen que quedó incorporado es un régimen que ayudó a delinear la Corte Suprema de Justicia y el Congreso acogió las recomendaciones de la Corte Suprema, que se pidieron desde el primer debate.
Pero el alargue de la detención, que ahora sólo se llevará a cabo a partir de la acusación, permite que el Congresista que pueda ser condenado esté en su curul casi hasta el final…
La detención preventiva también se equipara a la del colombiano del común, que es juzgado con el Sistema Penal Acusatorio. En este sistema el colombiano es detenido preventivamente cuando se tienen unas circunstancias especiales pero la regla general es que no haya detención si no más adelante. En el caso de congresistas ellos no están sometidos al Sistema Penal Acusatorio sino que están en el viejo sistema de Ley 600, en donde se deja abierta la detención preventiva. Salvo, por supuesto, el riesgo del delito en flagrancia en donde hay detención de inmediato y esto subsiste.
El periodo de los magistrados, que tampoco le gustaba al Gobierno, quedó para aplicarse a los actuales. ¿Tampoco los escuchó el Congreso en este sentido?
Hicimos oír nuestra voz diciendo que estamos de acuerdo con los requisitos para ser magistrados se modifiquen, el periodo de los magistrados, la edad de retiro forzoso. Pero no como beneficio a la persona sino porque se quiere que quede claro que llegar a una alta corte es coronar una carrera y llegar a la cima. Hubiéramos preferido que no se aplicara a los actuales magistrados porque es mejor que normas como esta no haga referencia a casos específicos sino que sean generales.
¿El que lo hayan sacado de la conciliación no pudo ser aprovechado por los congresistas para meter puntos en los que el Gobierno estaba en desacuerdo?
No quiero hacer afirmaciones aventuradas como esa. Ellos plantearon cuando iba a iniciar la sesión que los conciliadores querían avanzar entre ellos, puesto que al fin y al cabo son ellos quienes tienen que decidir. El Gobierno tiene que ser respetuoso de esta circunstancia. De manera que eso generó una pequeña mortificación de parte nuestra pero el Gobierno fue respetuoso del planteamiento y finalmente se reunieron con nosotros y nos plantearon las conclusiones a las que llegaron, las modificaciones de lo fundamental. Oyeron nuestra voz en los grandes temas.
Pero no quedaron en la reforma…
Varios de ellos sí; nos oyeron con mucha atención. En muchos aspectos aceptaron planteamientos en otros mantuvieron lo que ellos habían trabajado. Y ellos son autónomos. Y no puede ser que uno diga la reforma es lo que digo yo y no lo que ustedes dicen.
“La Reforma a la Justicia privatiza la justicia. Es un golpe a la Constitución. Se confeccionó a la medida de aforados.” @angelamrobledo, cuenta de Ángela Robledo, representante a la cámara por el Partido Verde.
“Vamos por iniciativas ciudadanas. Es hora que Colombia sienta y entienda que es posible un mejor camino.” @camiloromero, cuenta de Camilo Romero, congresista del Polo Democrático.
“La Reforma a la Justicia sirve para perpetuar la clase política corrupta en el poder” @ManosLimpiasCo, cuenta del movimiento ciudadano Manos Limpias.
La reforma, recién aprobada por el legislativo, contiene polémicas decisiones que cambiarán estructuralmente a la rama judicial como la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, la modificación de las normas para elegir a magistrados de las altas Cortes y la supresión del régimen de inhabilidades a congresistas estipulado en el artículo 179 de la Constitución nacional.
Y para ustedes, ¿para que terminaría sirviendo la Reforma a la Justicia?
