El Fiscal General, Mario Iguarán Arana, al hacer un balance previo de su gestión, próxima a culminar el 31 del presente mes, en entrevista de Colprensa publicada en este diario, afirmó: “De lo que se trata es de tener carácter al tomar las decisiones que hay que tomar, gusten o no”.
La Constitución le señala a la Fiscalía General unas funciones específicas con el fin de garantizarles a los ciudadanos una pronta y cumplida justicia: investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores; calificar y declarar precluidas las investigaciones; participar en el diseño de la política del Estado en materia criminal; y velar por la protección de las víctimas y los testigos. También le exige al Fiscal obrar con probidad, idoneidad y autonomía.
No son pues de poca monta los asuntos en los que ha tenido que intervenir el Fiscal Iguarán. Tampoco lo son sus aciertos y desaciertos.
El episodio del síquico Armando Martí lesionó la credibilidad institucional. Por fortuna, el Fiscal intentó recobrar la confianza de la entidad, implementando la carrera administrativa para imponer la meritocracia sobre la nefasta “roscocracia”.
Un Fiscal es ante todo un defensor de la equidad. Debe investigar tanto lo favorable como lo desfavorable de cada imputado, respetar los derechos fundamentales y las garantías procesales. Así mismo está en la obligación de evitar la justicia espectáculo. En algunos casos el Fiscal Iguarán olvidó este principio fundamental.
Recordamos, entre algunos, cuando notificó en forma indebida, a través de medios de comunicación, una delicada providencia contra dos de los más altos directivos de Bancolombia.
Sin embargo, en el caso Bancolombia-Gilinski hay que reconocerle al doctor Iguarán que en forma pública expresó su “mea culpa” por ese actuar frente a los funcionarios de la institución bancaria, catalogando ese hecho como uno de sus mayores y más graves errores. El Fiscal Iguarán tiene aún pendiente una pronta resolución en este caso, tarea que esperamos deje lista antes de su retiro.
No puede olvidar que una oportuna justicia es uno de los deberes constitucionales de un Fiscal General, máxime cuando están en juego derechos que afectan no sólo a entidades privadas sino al sistema financiero y económico nacional e internacional. Bancolombia, además de prestar un servicio esencial a millones de personas, es reconocido en el mundo por su seriedad y profesionalismo, lo que ha derivado en una mayor confianza en el país.
Los retos para el Fiscal Iguarán no han sido fáciles. Aparte de las funciones constitucionales atrás citadas, le ha tocado fortalecer: el Sistema Penal Acusatorio en todos los distritos judiciales de Colombia, y crear la Unidad Nacional de Justicia y Paz, que ha facilitado, por primera vez, la resolución judicial de casos por desplazamiento o por desaparición. Valoramos este importante paso en la protección de los Derechos Humanos.
Mario Iguarán Arana retomó históricos procesos de lesa humanidad, como el del Palacio de Justicia y el del asesinato de Luis Carlos Galán, que si bien no logrará culminar en su gestión, marcarán un significativo avance en la lucha contra la impunidad. Quedan en marcha vitales investigaciones para tratar de culminar los juicios contra la “yidispolítica”, la parapolítica, la farcpolítica, los “falsos positivos” y los seguimientos e interceptaciones ilegales del DAS, entre otras sustanciales averiguaciones.
Entendemos que en un país como el nuestro, con tantas complejidades, es casi una utopía que un Fiscal General resuelva durante su periodo de cuatro años todos los asuntos que le toca asumir. No le pedimos a Mario Iguarán un imposible, pero sí que en estos días que le quedan en tan alto cargo culmine lo aún pendiente que sabe que puede finalizar. Es decir, que su faro sea la justicia y que, como él lo expresó en la entrevista ya mencionada, lo rija “el carácter al tomar las decisiones que hay que tomar, gusten o no gusten”.
