2. El desafío de la Fiscalía es poder sustentar en juicio varios procesos que han sido de connotación nacional y que ya están a punto de entrar a la etapa de juicio que son: primero concluir con el carrusel de las contrataciones en Bogotá, que consistió en el sobrecosto en las obras de la Fase III de Transmilenio en la Calle 26 y que se imputó cargos a 59 congresistas y funcionarios del Distrito, los cuales se encuentran los ex alcaldes de la capital Luis Eduardo Garzón y Samuel Moreno; y los exdirectores del Instituto de Desarrollo Urbano (Idu), Liliana Pardo y Néstor Eugenio Ramírez. Hecho que generó un detrimento patrimonial que llevan un año de atraso en las obras, superando los 198 mil millones de pesos.
El tema de Agro Ingreso Seguro se encuentra bastante avanzado, ya que la Fiscalía General imputará cargos el próximo 24 de enero contra tres miembros de la familia Dávila Abondano y otros cuatro trabajadores de las empresas del grupo Dabon, por las graves irregularidades descubiertas en la entrega de subsidios de alrededor de 3.900 millones de pesos, en el desarrollar programas de riego y drenaje, además fraccionaron terrenos para acceder a mayores subsidios.
En el escándalo de las chuzadas, se encuentra involucrada la ex directora del DAS, María de Pilar Hurtado, y se le investiga por interpretaciones telefónicas y seguimientos ilegales. Ante este hecho, el Ministro del Interior señaló que pesar de que la exdirectora se encuentre radicada en Panamá desde hace más de un año, no habrá impunidad en el proceso penal que se le adelanta.
Los falsos positivos, en donde se involucraron miembros del Ejército de Colombia con el asesinato de civiles inocentes para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate dentro del marco del conflicto armado que se vivía. A esos casos se les conoce en el Derecho Internacional Humanitario como ejecutores extrajudiciales y en el Derecho Penal Colombiano como homicidios en persona protegida.
Las anteriores investigaciones que quedaron inconclusas durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Y por último, está el caso del Coronel Plazas, que fue condenado a 30 años de prisión por la desaparición de varias personas durante la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 en Bogotá en el año 1985. El Coronel fue director nacional de estupefacientes en el primer Gobierno de Álvaro Uribe.
3. Iniciar con la descongestión de la justicia: es decir, en materia presupuestal la idea es que se gire en torno a una mayor asignación de manera equitativa y eficiente.
4. La apuesta en marcha del código contencioso administrativo que comenzará en julio del presenta año.
5. La aprobación del nuevo código procesal civil, que es el concepto de la reforma más importante que se va a tratar, lo más probable es que sea aprobado este semestre en el Congreso de la República.
6. Avance en el tema del expediente electrónico: consiste en poner en marcha el proceso Judicial electrónico para el acceso al servicio Público de la Administración de Justicia.
Antecedentes
Por medio del Decreto 4095 del 4 de noviembre de 2010 se creó la Comisión Interinstitucional para la Reforma a la Justicia, la cual estableció como propósito el analizar los temas fundamentales que deben modificarse para garantizar la eficacia administrativa a la justicia, realizar consultas a otras entidades del estado, universidades, asociaciones de abogados y las personas u organismos que la Comisión considere pertinentes, sobre las reformas que deben introducirse.