Pocas veces en la historia se había visto tanta preocupación por lo que sucede en un sector de las altas Cortes. Respetados magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional no salen de su asombro por lo que está ocurriendo con varios integrantes de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Tanto, que algunos miembros de la Corte Suprema acaban de demandarlos por prevaricato.
El último episodio tiene que ver con un fallo que beneficia a un político de Caquetá cercano a Angelino Lizcano, presidente de la tristemente célebre sala de la Judicatura. Se trata del alcalde de un pueblo que dejó su cargo porque un juez lo encontró culpable de haber recibido un soborno de medio millón de pesos cuando era funcionario de la Lotería de Caquetá. El caso, a pesar de su bajo monto, llegó hasta la Corte Suprema que ratificó la decisión del juez de condenarlo. El alcalde interpuso una tutela que llegó para estudio de la sala disciplinaria de la Judicatura, y esta, de manera sorprendente, tumbó el fallo de la Corte Suprema.
El caso se convirtió en una especie de florero de Llorente porque dejó al descubierto la pobreza de argumentos jurídicos de la criticada sala. En menos de tres días, la Corte Suprema le respondió con una andanada de finos insultos. Utiliza palabras como “exabrupto”, “sinrazón” y “falacia” para referirse al fallo y concluye con palabras de alto calibre: “Como quedó evidenciada la abierta ilegalidad de lo decidido por la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, se impone, como deber legal de la Corte, denunciar la existencia de un presunto delito de prevaricato por parte de los magistrados signantes”.
Pero este es sólo el último episodio de lo que en los pasillos llaman la “politización de la justicia”. Todo comenzó a mediados del año pasado. Un magistrado de una alta Corte, en voz baja, pero evidentemente preocupado, le advirtió a SEMANA: “En el Congreso dicen que la condición para elegir a los nuevos magistrados para el Consejo Superior de la Judicatura, es que les ayuden a los congresistas en sus líos con la justicia”.
Más se demoraron en conocerse los nombres que en llover las críticas. El primero fue Angelino Lizcano, venía del grupo político del ex congresista Luis Fernando Almario, investigado por la para-política y la farc-política, y en su hoja de vida la experiencia en la rama judicial brillaba por su ausencia: estuvo más de 15 años en la secretaría general del Congreso, a la que llegó luego de trabajar en la Empresa de Licores de Caquetá.
A otro magistrado elegido, Ovidio Claros, el escándalo no le llegó tanto por ser recomendado por Colombia Democrática, partido del ex senador Mario Uribe, también investigado por la para-política, como por un caso de incumplimiento de pago de cuota de alimentos y porque tenía antecedentes en la Procuraduría por modificar los valores de un contrato para favorecer a una empresa. Y como en el caso anterior, en su hoja de vida hay registros de que fue congresista, contralor de Bogotá y gerente del Seguro Social de Cundinamarca, pero de experiencia en la rama judicial, poco o nada.
Un tercer nombre polémico es el de Pedro Alonso Sanabria, conservador, que terminó salpicado por el escándalo de DMG, pues en una grabación los jefes de esta pirámide hablan de haberle dado millones de pesos para su fallida campaña a la Gobernación de Boyacá. Y una vez más, su experiencia lo define como político y no como jurista: fue concejal de Gachantivá, diputado y segundo en una lista a la Cámara de Representantes.
También es importante reconocer que entre los otros cuatro magistrados de la sala hay excepciones como la de María Mercedes López, respetada entre los juristas por su trayectoria en la rama, y quien en forma muy diciente no firmó el fallo del caso de Caquetá.
La preocupación que despertaron los antecedentes de los magistrados elegidos a esta sala, se está ratificando con las cuestionadas decisiones que han emitido. Tanto es así que el nuevo presidente de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla, se despachó esta semana con una frase que rompe con la prudencia usual de los magistrados: “Hay un organismo terriblemente descompuesto, que es la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en donde se están tomando decisiones preocupantes”,dijo en la más reciente edición del periódico Ámbito Jurídico.
Y es que en pocos meses sus fallos han provocado tormentas. Ovidio Claros, por ejemplo, le concedió libertad por habeas corpus al ex congresista Miguel de la Espriella. El juez de primera instancia le había negado ese beneficio porque apenas llevaba 18 meses en prisión de una condena de 45 meses. Al magistrado Claros, por el contrario, sí le dieron las cuentas.
Otro fallo muy criticado de la nueva sala es el que aprobó la tutela del ministro de Protección, Diego Palacio, en el famoso caso de la ‘yidis-política’. El Ministro recurrió ante la polémica sala para que la Corte Suprema suprimiera su nombre del fallo que condena a la ex congresista Yidis Medina. La sala le concedió la razón al Ministro y le tocó a una tercera Corte, la Constitucional, entrar a terciar a favor de la Corte Suprema para decir que no se podía suprimir el nombre del Ministro porque se resquebrajaba por completo el fallo.
A esta sala de la Judicatura también han llegado otros casos controvertidos, como el de la extradición de ‘Macaco’, y otros pendientes de resolver, como una tutela del ex congresista Mauricio Pimiento, detenido por para-política, y la tutela que trata de evitar que un proceso del ex congresista Almario sea trasladado de Meta a Bogotá.
Lo que está en juego es muy delicado, pues por la vía de la tutela esa sala de la Judicatura puede tumbar importantes casos que la justicia lleva contra la clase política.
Y no es sólo la tutela lo que preocupa. Esta sala disciplinaria es la encargada de sancionar a los abogados y jueces. Un magistrado que pide reserva de su nombre explica: “Con esta sala hay un vacío de legitimidad. Por un lado, no tienen autoridad para juzgar a jueces y abogados. Y por otro lado, la clase política puede llegar a utilizar a la Judicatura como mecanismo de presión en contra de los jueces para que resuelvan casos a su favor”.
Como si fuera poco, para marzo debe elegirse un nuevo presidente del Consejo de la Judicatura y se da por descontado que el honor recaerá en Angelino Lizcano o en Ovidio Claros. De manera automática se convertirán en los presidentes de la Comisión Interdisciplinaria de la rama, es decir, serán voceros de las cuatro Cortes frente a los otros poderes y les tocará poner en práctica y contratar el proyecto de modernización de la rama con un presupuesto de 20 millones de dólares.
Sobra decir que desde ya, el resto de magistrados tienen sus ojos puestos sobre sus actuaciones. Y ojalá encuentren la manera de establecer un control efectivo.
A los magistrados elegidos les quedan casi ocho años por delante en sus cargos. Por ahora son vistos por las demás Cortes como “los parias de la justicia”, como le dijo un magistrado a SEMANA. Todos se hacen a un lado, no los invitan a las cumbres de la rama, ni los tienen en cuenta para los acuerdos. Este capítulo de la historia del país apenas comienza y habrá que ver hasta qué punto los intereses de la política podrán contaminar a la independencia de la justicia.
Semana / 23 de febrero de 2009
