La tensión frente al trámite de la iniciativa está en su punto más complejo. El presidente Santos hizo un llamado al diálogo.
La reforma a la justicia está en riesgo y las diferencias entre el Gobierno y las cortes parecen irreconciliables. Así se puede advertir luego de que el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, señalara a los ponentes de la iniciativa que en caso de que no fuera acogida la solicitud de eliminar el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), le retiraría el apoyo.
Desde el primer debate el Gobierno ha argumentado la necesidad de eliminar el CSJ, pues argumenta que “ha sido infinitamente inferior a las expectativas y responsabilidades que tiene con el país y con la rama jurisdiccional”. Además, en los últimos tiempos han sido reiterados los escándalos de irregularidades en materia pensional y de inversión presupuestal de la rama.
Otro de los temas que colmaron la paciencia del Gobierno, en el marco del debate, fue la reiterada solicitud de presupuesto, petición que nunca fue acompañada por un plan de inversión, falencias o necesidades de la Rama.
Pese a esto, durante la discusión de la reforma a la justicia el Congreso no ha acogido la tesis de eliminar el Consejo Superior de la Judicatura y, como está el proyecto en la actualidad, contempla mantener la Sala Disciplinaria y crear una sala de gobierno encargada de administrar el presupuesto de la justicia. Esta propuesta no convenció al Gobierno, que ahora de forma radical plantea la eliminación.
Pero hay más puntos que estarían generando evidentes diferencias. Según denunció en Noticias Uno el presidente de la Comisión Primera del Senado, Luis Fernando Velasco, los magistrados de las altas cortes estarían haciendo lobby para lograr la ampliación de sus períodos y la edad de retiro forzoso, actuando en beneficio propio. La denuncia de Velasco plantea que este sería un requisito para volver al debate.
La propuesta es aumentar el período de los magistrados de 8 a 12 años y su edad de retiro de 65 a 70 años. Sin embargo, en los debates se ha planteado que acoja a los magistrados elegidos luego de la sanción de la reforma. Los togados que están haciendo lobby pretenden ser los primeros beneficiados.
Este no es el primer desencuentro, pues desde que se inició el trámite de la reforma los representantes de la justicia manifestaron su rechazo a la propuesta, pese al diálogo interdisciplinario que se sostuvo entre el Gobierno, el Congreso y las cortes. Posteriormente se retiraron del debate, al concluir que atentaba contra el equilibrio de poderes. Sin embargo, como lo advierte el ministro Esguerra, han continuado participando de manera informal y sus postulados han sido escuchados en el Congreso.
Mañana se radicaría la ponencia de la reforma a la justicia para su sexto debate en la plenaria del Senado y en el marco de las encontradas posiciones el presidente Juan Manuel Santos hizo la invitación “a las cortes y al Congreso para que nos reunamos en cualquier momento y tratemos de buscar que si la reforma no puede satisfacer a todo el mundo, por lo menos tengamos la posibilidad de exponer los puntos de vista de forma respetuosa, de tratar de buscar la mejor reforma posible para nuestra democracia”.
