Bogotá, 9 de enero de 2021. A continuación, se reproduce el artículo publicado por El Heraldo. El texto y su imagen fueron tomados de su página web.
En el contexto de la pandemia, Colombia fue uno de los países de la región que ajustó sus órganos de justicia a las nuevas dinámicas que impuso la covid-19, con el fin de reducir la propagación del virus; esas medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura tuvieron un impacto —positivo y negativo— con respecto al funcionamiento del acceso a la justicia.
A lo largo de la emergencia sanitaria hubo suspensión de los términos judiciales, y otros trámites como la presentación de tutelas y radicaciones de habeas corpus se llevaron a cabo a través de mecanismos virtuales. Hoy en día las audiencias de control de garantías se siguen celebrando a través de videoconferencias.
Sobre los mecanismos virtuales es que se centra el debate, pues los diferentes actores de la rama judicial, abogados y víctimas, han hecho reparos a la forma en cómo se irrumpió, “de forma improvisada” a estas estrategias tecnológicas.
La semana pasada, precisamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el relator especial sobre independencia de magistrados y abogados de Naciones Unidas, Diego García-Sayán, hicieron un llamado a los Estados de la región para que se garantice “el más amplio acceso a la justicia” como medio fundamental para proteger y promover los derechos humanos y libertades fundamentales.
“Existe una falta de cobertura en varias partes del territorio de los Estados. La CIDH y el relator Especial de la ONU hacen un llamado a los Estados para que garanticen el acceso a un internet asequible y pluralista a todas las personas que se encuentren en su territorio, y en particular a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad, y los exhortan a tomar medidas positivas para reducir la brecha digital”, señaló el organismo a través de un comunicado.
Las carencias
Pero esa situación que advierte la CIDH ya había sido expuesta por abogados y sindicatos desde el mismo momento en el que se anunciaron las estrategias (marzo de 2020). Habían manifestado que los procesos tecnológicos adoptados dejaban ver la “improvisación” y las “carencias” de la rama en lo digital.
El presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (Asonal), Fredy Machado, manifestó que a la fecha persisten “las mismas fallas” que se detectaron a lo largo del 2020.
“No se ha contratado la digitalización de los expedientes y eso hace que la prestación del servicio sea muy complejo. Eso se ha convertido en otra carga para los servidores. Los equipos desde los que se presta el servicio son los de la familia del servidor”, señaló Machado.
Expuso el líder sindical que esa situación está generando algunos inconvenientes a la hora de la realización de audiencias debido a que en varias de las familias de los servidores hay un solo computador y en esas casas hay otras personas que estudian y realizan teletrabajo.
“Otro factor es que los horarios de trabajo se extienden porque son muchas las peticiones. No todos los servidores tienen conocimientos en sistema, por lo que debe considerarse una capacitación básica para los servidores y litigantes”, dijo el presidente de Asonal Judicial.
Señaló, además, que es necesaria la creación de subsidios para costear un internet con más velocidad, servicio que debe ir especialmente a los empleados de los juzgados, ya que son los que apoyan a los jueces.
Reacciones
Varios abogados consultados por EL HERALDO coincidieron con la opinión de Machado, pues consideran que la emergencia sanitaria dejó en evidencia lo poco preparada que estaba la rama para enfrentar un imprevisto.
El abogado penalista Rolnan Salas señaló que la virtualidad ocurrió “de forma improvisada” y a la fecha los funcionarios de la rama judicial “no tienen las herramientas suficientes” para garantizar con altura el acceso a la administración de justicia.
“Se sabe que fue algo inesperado, pero las múltiples falencias no han dejado agradables experiencias y se evidencia con la dilatación de los procesos, lo que ha hecho que los abogados tengamos que recurrir a otros mecanismos como la tutela, que sobrecargan a los funcionarios añadiéndole las actuaciones propias de cada proceso”, dijo Salas.
Por su parte, el también abogado penalista José Moreno señaló que la virtualidad en el sistema judicial ha traído ciertos beneficios que no se pueden negar, pues en muchos casos permitió que las audiencias (con sus limitaciones) se realizaran, lo que ayudó en el proceso de descongestión de los juzgados; no obstante, precisó que en muchas audiencias se ha “impedido” una práctica de pruebas de forma adecuada.
“Muchas veces, la línea de un interrogatorio a un testigo se ve entorpecida por las fallas de conexión o porque este pueda estar leyendo las respuestas, lo cual interfiere en un correcto análisis de las pruebas que se presentan. Así pues, se debe seguir trabajando para mejorar las herramientas de comunicación que permitan optimizar los resultados, toda vez que hoy en día se presentas diversas dificultades que entorpecen los procesos, por lo tanto se deberían fortalecer los pasos de digitalización de los expedientes a fin de que puedan ser revisados por las partes, de tal manera que se puedan llevar acabo las etapas procesales pertinentes”, propuso Moreno.
El abogado Jairo Mendoza señaló que la pandemia ayudó a “desmitificar” que los procesos judiciales no podían llevarse desde cualquier lado, pues asegura que muchas veces las audiencias se podían cancelar alegando que una de las partes no podía estar, pero la virtualidad “nos demuestra que esa teoría se cayó”.
“Pero la falta de contacto con los funcionarios judiciales ha impedido que se tenga un mayor conocimiento de cómo van los procesos y solo nos contactamos vía correo electrónico y estos no son respondidos con la celeridad requerida”, dijo Mendoza.
Unas etapas
Para Hernando Herrera Mercado, director de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), a lo largo de la pandemia, en lo que tiene que ver con el acceso a la justicia en el país, se han surtido tres diferentes etapas.
“La inicial tuvo que ver con la respuesta ante una circunstancia absolutamente imprevisible. Muchos despachos judiciales tuvieron que adaptarse rápidamente a la virtualidad e implementar soluciones rápidas para garantizar la recepción de documentos virtuales, el surtimiento de audiencias por medios electrónicos y que se dieran a conocer las decisiones judiciales por esa vía virtual o por medio de sistemas electrónicos”, explicó Herrera Mercado.
En esos tres aspectos, destacó el director de CEJ, se presentaron algunos inconvenientes, sobre todo en los despachos judiciales, pues “no tenían la capacidad técnica y banda ancha suficiente” para poder conectarse y lograr que esos aspectos fluyeran tranquilamente.
“Sin embargo, esas tres fases nos permitieron y nos siguen garantizando un mayor acceso a la justicia sin que eso quiera decir que es del 100% como existía antes de la pandemia. Aún existen limitaciones de diferente índole, por ejemplo que no se contara con la posibilidad de que todos los despachos tuviesen calidad de banda ancha y de internet para poder surtir esas audiencias”, argumentó el directivo.
Pero más allá de esas problemáticas, Herrera Mercado resalta que estos elementos generaron “un cambio de modelo” de esa justicia escritural y presencial a una que se ajustara a los requerimientos del siglo XXI.
“Por la vía de la fuerza se viene a pensar que hoy en día es necesaria la introducción del determinado expediente electrónico que permitirá que todos los archivos estén disponibles para la consulta de las partes interesadas”, dijo el director de CEJ.
Con relación a las audiencias virtuales celebradas en el Distrito Judicial de Barranquilla desde marzo hasta diciembre de 2020, el Consejo asegura que se celebraron 10.697, según la información que los funcionarios judiciales reportan al Sistema Estadístico de la Rama Judicial (Sierju).
Claudia Expósito Vélez, presidenta del Consejo Seccional de la Judicatura en Atlántico, señaló que las tecnologías de la información gozan de mucha importancia para que los ciudadanos tengan acceso a la administración de la justicia.
“Nuestro objetivo es garantizar ese acceso, y con las herramientas que tenemos en estos momentos nos lleva a cumplir ese objetivo”, señaló Expósito.
Pero esta trasformación no es nueva, asegura la presidenta de la Judicatura, pues, por ejemplo, la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia de 1996 en su artículo 95 dispuso que se debía garantizar la incorporación de las tecnologías a la administración de justicia.
“Hemos impulsado el trabajo remoto y hemos solucionado problemáticas puntuales. Y hemos ampliado las herramientas colaborativas de gestión para cumplir con las exigencias que demanda la realidad actual”, detalló Expósito.
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