LO QUE ESTÁ en juego es la democracia pues no solo es indebida tal actuación criminal frente a un o unos magistrados, sino con respecto y en contra de cualquier ciudadano, dijo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Augusto José Ibáñez Guzmán, haciendo referencia a las interceptaciones telefónicas y seguimientos del DAS.
En diálogo con EL NUEVO SIGLO, el magistrado Ibáñez Guzmán también se refirió al papel de la Corte Penal Internacional en el país y aseguró que no puede calificarse la presencia del relator de la ONU para la independencia judicial como un acto burócrata e inoficioso.
De igual manera, el presidente de la máxima corporación dijo que las investigaciones en la llamada farcpolítica dependen de la consistencia y solidez de las evidencias y elementos probatorios que se recauden, por lo que no ha avanzado con tanta rapidez como la parapolítica.
EL NUEVO SIGLO: Usted fue negociador de la Corte Penal Internacional, CPI, ante la ONU. En el caso concreto de Colombia, ¿qué implicaciones tendría la entrada en vigencia de este Tribunal en el país?
AUGUSTO JOSÉ IBÁÑEZ: Como jurisdicción complementaria, la Corte Penal Internacional solo podrá entrar en actividad, cuando el Estado no pueda o no quiera investigar o juzgar los crímenes de competencia de la Corte. Lo importante es que Colombia cumpla con el estándar internacional y así, sería impensable la competencia complementaria.
E.N.S.: Hay quienes dicen que la vigencia de la CPI en Colombia no generará mayores cambios porque se trata de una jurisdicción subsidiaria complementaria.
A.J.I.: Eso es cierto. Las posibilidades de intervención de la Corte Penal Internacional resultan directamente proporcionales a los obstáculos o dificultades que el orden jurídico interno encuentre para investigar, sancionar y reparar a las víctimas de delitos de competencia de ese tribunal.
E.N.S.: Sin entrar en algún caso específico, la jurisdicción de la CPI podría eventualmente avocar casos de la parapolítica si se comprueba falta de diligencia o negligencia del Estado para castigar algunos delitos de lesa humanidad. ¿Qué opinión le merece esta posibilidad?
A.J.I.: Aspiramos que el tema sea resuelto de manera satisfactoria en el marco de los mecanismos internos; en sede de la Corte Suprema de Justicia se han impuesto, y con lujo de detalles, los estándares internacionales. Ello ha sido reconocido interna e internacionalmente.
E.N.S.: Hay voces que sostienen que la figura del relator de la ONU para la vigilancia de la autonomía judicial es un cargo burocrático y que no tiene mayor peso en la práctica. ¿Qué opinión le merece al respecto?
A.J.I.: Esa lectura es injusta y equivocada. La tarea primordial del Relator Especial para la Independencia Judicial no es distinta a la de buscar canales adecuados que conduzcan, por ejemplo, a la creación de un clima propicio, que posibilite una interlocución constructiva que involucre a todos los protagonistas del sistema judicial en diversos proyectos, así como en el anhelo de fortalecer la autonomía e independencia de esa rama del poder público; exhortando, otra posibilidad en todo caso, a la reducción de tensiones o conflictos que pueden llegar a comprometer la respetabilidad e independencia de la rama judicial. Ese encomiable empeño, de ninguna manera puede calificarse como tarea de un burócrata inoficioso, mucho menos en momentos en los que Colombia despierta particular interés y atención de la comunidad internacional.
La experiencia y solvencia de la figura, como observador, es indiscutible. En fin, es el cumplimiento de compromisos internacionales, convencionales: por ello, es difícil pensar que con tal figura se este desinstitucionalizando el país.
E.N.S.: ¿La Corte Suprema tiene certeza de que hoy por hoy no está siendo interceptada, ni sus comunicaciones chuzadas?
A.J.I.: Aspiramos a que ello no esté sucediendo y, por supuesto, la Corte abriga confianza en que prontamente las investigaciones conduzcan a establecer, para el bien del país y nuestra democracia, quiénes fueron los autores y partícipes de tan repudiables acciones. Lo que está en juego es la democracia pues no solo es indebida tal actuación criminal frente a un o unos magistrados, sino con respecto y en contra de cualquier ciudadano.
E.N.S.: Hay quienes creen que bautizar esta situación con el nombre de chuzadas, avoca gravedad extrema y el riesgo que significa para la democracia del Estado social de derecho. ¿Usted qué opina al respecto.
A.J.I.: Independientemente de los epítetos que se quieran utilizar para denominar el hecho, no cabe duda de que se trata de acciones criminales que comprometen y socavan encarecidos principios y valores de nuestra democracia y nuestro orden institucional, en detrimento de todos los sectores sociales del país.
E.N.S.: En un país que está acostumbrado a que con el tiempo se conocen los autores materiales de los grandes delitos, pero muy pocas veces los intelectuales. ¿Usted cree que en las interceptaciones telefónicas, se sabrá quién o quiénes fueron los cerebros de la ilegal acción.?
A.J.I.: La Corte, repito, confía en los organismos investigadores competentes y, en esa medida reafirma la confianza en que el país conocerá la verdad de los hechos y la identidad de sus artífices materiales e intelectuales.
E.N.S.: Todo el país defiende la autonomía de la Corte y rechazan cualquier intromisión en su jurisdicción, pero ello no oculta los retrasos en los procesos de farcpolítica y elenopolítica. ¿Por qué estos procesos no avanzan tanto como los de la parapolítica.
A.J.I.: Son dos espectros investigativos con distintos niveles de complejidad probatoria. Para emprender los procesos de la parapolítica debió transcurrir tiempo considerable hasta consolidar un programa metodológico que permitiera impulsar exitosamente las investigaciones. Igual sucede ahora con la que se ha dado en llamar farcpolítica, de reciente abordaje investigativo, cuyos resultados dependerán de la consistencia y solidez de las evidencias y elementos probatorios que se recauden. En estas materias conviene al buen juicio proceder con la celeridad deseada, pero sin sacrificar la prudencia, ponderación y la cautela, siempre en el anhelo de acertar con irrestricto apoyo a la Constitución y la ley.
E.N.S.: ¿La Corte ya tiene en sus manos el proceso disciplinario de la yidispolítica que le solicitó a la Procuraduría General de la Nación?
A.J.I.: Sí, así es.
E.N.S.: ¿Qué ha pasado con la celeridad que le pidió la Corte Suprema a la Fiscalía en los procesos de la parapolítica?
A.J.I.: La Corte se mantiene atenta y espera que con la celeridad deseada esas investigaciones avancen.
