Sobre el primer punto, el investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia, José Rafael Espinosa, indicó que poco de equitativa tiene la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, la 270 de1996, que permite esos permisos remunerados de utilizó la magistrada Díaz y sus amigos de los Tribunales Superior de Bogotá y Villavicencio para irse de crucero.
“Se justifica que algunos funcionarios públicos tengan regímenes especiales para algunas cosas siempre y cuando esos obedezcan a la naturaleza de las funciones. En este caso estos beneficios de los cinco días no parecen acomodarse a esa naturaleza de su cargo y de sus funciones y, en ese sentido, estos beneficios pueden ser llamados privilegios y no se justifican”, expresó.
Por eso, el experto considera que la Ley debe demandarse ante la Corte Constitucional para esperar que análisis haría sobre esta norma teniendo en cuenta que en meses pasados tumbó la norma que permitía a los Congresistas y Magistrados acceder a millonarias pensiones, precisamente, por considerar que había una violación al principio de equidad.
“(…) esa diferenciación que se hacia entre funcionarios públicos, a quienes se le liquidaban algunas pensiones incorporando no solo el salario sino los viáticos, frente al resto de los ciudadanos, no obedece a la naturaleza de sus funciones. ¿Qué hay en una labor del magistrado que signifique que pueden liquidare las pensiones de forma distinta?”, expresó.
Pero, por ejemplo, para la vocera de la Corporación Excelencia a la Justicia, CEJ, Gloria María Borrero es absolutamente necesario que se haga todo un Estatuto del Magistrado para que quede claro, después de un debate público, qué beneficios pueden ostentar los altos juristas y cuáles deben ser eliminados.
“Se necesita una reforma integral a la justicia. Esto no puede ser de manera asilada, por coyuntura. Hay que crear el estatuto del magistrado, hay que revisar, hay que crearlo así como se creo el estatuto del congresista con la Constitución del 91”, apuntó.
Para Borrero, el Estatuto debe tener un régimen más estricto de inhabilidades, de requisitos mas estrictos para acceder a los cargos en el que se regulen temas como los polémicos permisos.
No obstante, el expresidente de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán Sierra, indicó que los permisos no pueden ser ciertamente catalogados como privilegios ya que están reglamentados por Ley.
Y ante la posibilidad de modificar la norma, Beltrán Sierra señaló que se trataría de “llegar otra vez al fetichismo de la ley escrita, que si hay un problema se modifique la ley y, si hay otro problema, se vuele a modificar. El problema no es de la norma sino de la utilización que de ella se haga”, expresó.
¿MODIFICAR EL SISTEMA DE ELECCIÓN?
Ahora bien, de fondo, hay otro tema que preocupa. La magistrada Díaz se fue de crucero con el magistrado de Tribunal Superior de Bogotá, Jaime Araque, quien hace parte de la lista de aspirantes para ocupar la vacante que dejó Jaime Arrubla en la Sala Civil de la Corte Suprema.
El hecho ya conocido vuelve a poner de presente el debate sobre la forma como se eligen los magistrados, tema que surge cada cierto tiempo por cuenta de los constantes escándalos que protagoniza la Rama Judicial y, en especial, las Altas Cortes.
La mala racha que este año ha evidenciado la Justicia de Colombia tiene en este punto un eje fundamental. El tema es así: los magistrados de la Corte Suprema de justicia son elegidos por la Sala Plena de la misma Corporación de listas elaboradas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
Pero, la Corte Suprema tiene la potestad para elegir a dos integrantes de la Sala Administrativa. Y, en hecho que produjo sendas demandas, dos exmagistrados de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte y Pedro Munar, pasaron a la Judicatura.
Para el investigador Espinosa, este sistema es la evidencia de la reproducción de “la rosca” en el funcionamiento de una de las Ramas de poder.
“Eso pone de presente una falla en el diseño de la elección de los magistrados en la medida que se estimula una independencia no democrática en la medida en la que terminan eligiendo a los mismos. Se reproducen prácticas nocivas”, indicó.
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