A lo largo de los últimos meses y en particular desde que comenzó el segundo mandato de Uribe, varios hechos han puesto en evidencia ese distanciamiento.
El último ocurrió apenas la semana pasada durante el cierre del trabajo legislativo. Mientras el Gobierno expresaba su satisfacción por la aprobación del principio de oportunidad que define la suerte de 19.000 ex paramilitares rasos y justificaba el archivo de la ley de víctimas por sus costos económicos, el fiscal Iguarán consideraba todo lo contrario.
“Hemos abogado por el principio de oportunidad y lideramos ese proceso. Pero reconocemos la contradicción y la insatisfacción: debemos atender a los victimarios con mecanismos de justicia transicional, pero también es necesario atender a las víctimas. Por encima de cualquier consideración política o económica están los derechos de las víctimas”, señaló.
Pero ese no ha sido el único enfrentamiento Gobierno-Fiscalía y mucho menos el más grave. El pasado 7 de junio, por cuenta de las llamadas ‘chuzadas’ a magistrados y dirigentes políticos, la Unidad de Información y Análisis Financiero adscrita al Ministerio de Hacienda emitió un comunicado según el cual “se elaboraron informes de Inteligencia Financiera, los cuales fueron remitidos al Fiscal General de la Nación”.
Por ese hecho la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes abrió investigación preliminar contra Iguarán Arana por omisión al no remitirle oportunamente el análisis de la Uiaf, y contra varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia por presuntos nexos con personas al margen de la ley.
Ese comunicado se dio como reacción a la decisión de la Fiscalía de llamar a indagatoria a Mario Aranguren, director de la Uiaf, quien habría participado en los seguimientos a los magistrados.
Situaciones como estas, a juicio del ex ministro de Justicia Carlos Medellín Becerra, no constituye enfrentamiento sino que expresa posiciones diferentes.
“Que el Fiscal y el Gobierno tengan opiniones distintas frente a una situación, es apenas normal. Ambos pertenecen a poderes públicos distintos. Lo que pasa es que como el fiscal Iguarán fue viceministro de Justicia, mucha gente esperaba que el presidente Uribe le diera órdenes, pero el Presidente ha entendido que no lo puede hacer”, dice Medellín Becerra.
Otros enfrentamientos
Pero así como las investigaciones de la parapolítica mantienen enfrentados al presidente Uribe y a la Corte Suprema, esos mismos procesos han marcado distancia entre el Jefe del Estado y su antiguo Viceministro de Justicia.
El primer reclamo del Gobierno se dio cuando la Fiscalía, en abril del año pasado, ordenó la captura del ex senador Mario Uribe, primo del Presidente. En su momento, Uribe Vélez le pidió a la justicia “actuar con objetividad”.
Otro episodio que subió la tensión fue el de los ‘falsos positivos’. A finales del año pasado, cuando estalló ese escándalo, el Presidente informó que, según la Fiscalía, la muerte de esos jóvenes ocurrió “en circunstancias de combate”.
Pero el Fiscal lo desmintió: “La Fiscalía aún no ha establecido la afirmación del Ejército de que fueron dados de baja en combate”, señaló Iguarán.
Aunque se trató de hechos que generaron tensión y ruptura institucional, el ex procurador Jaime Bernal Cuéllar considera que “los enfrentamientos fueron estimulados por los medios de comunicación”.
“Las decisiones judiciales tienen que respetarse, así no les guste al Gobierno o a la prensa, y justamente han sido los medios los encargados de atizar las diferencias de la Fiscalía y la Corte con el Gobierno”, insiste Bernal Cuéllar.
El otro tema que afectó las relaciones Uribe-Fiscalía fue la dosis personal, un proyecto que el Ejecutivo ha presentado infructuosamente al Congreso en cinco ocasiones.
En febrero pasado, cuando el Gobierno volvió a presentarlo, el Fiscal se mostró contrario a la iniciativa.
“El drama del adicto es terrible, no se resuelve con cárcel”, advirtió el fiscal.
El Primer Mandatario le respondió: “Deploro que estos temas no los hable el Fiscal General con el Gobierno sino que prefiera acceder al espectáculo mediático”.
Al igual que el ex procurador Bernal Cuéllar, el catedrático Alejo Vargas advierte que se trata de “diferencias conceptuales sin mayor relevancia”.
“Es obvio y normal que haya diferencias frente a las decisiones judiciales, pero son los medios de comunicación los que se han encargado de magnificarlas. Por eso no es tan práctico decir que el Fiscal General es de ‘bolsillo’ porque lo postuló la Presidencia de la República, ni que fue totalmente independiente”, concluye Vargas.
Los otros enfrentamientos
Otros procesos judiciales han generado duros roces entre el Fiscal Mario Iguarán y el Gobierno Uribe.
Así ocurrió con la crisis de ‘pirámides’: El Ejecutivo dijo que la Fiscalía “se demoró” en iniciar las investigaciones, y el Fiscal respondió que otras entidades “se quieren lavar las manos”.
Otro choque se dio en agosto pasado, cuando fue detenido Guillermo León Valencia, hermano del ministro del Interior y Jefe de Fiscalías en Antioquia.
Según Uribe, la Fiscalía “no tomó decisiones” para evitar la penetración del narcotráfico en esa seccional.
Procesos para el nuevo Fiscal
A pesar de que el fiscal Mario Iguarán Arana ha dicho que tratará de dejar cerradas varias de las más importantes investigaciones en curso, es claro que el tiempo no le alcanzará.
A su sucesor -que debe ser elegido antes del 31 de julio próximo por la Corte Suprema de Justicia de terna enviada por el presidente Uribe-, le quedarán varias ‘papas calientes’.
La primera es establecer la responsabilidad del DAS en las ‘chuzadas’ a magistrados, dirigentes políticos y periodistas. Ese proceso es un coletazo de la llamada parapolítica que compromete a varios congresistas uribistas.
El otro es el de los ‘falsos positivos’, que según Iguarán Arana son más de 1.200 que comprometen a cerca de 1.100 personas, muchas de ellas miembros activos de la Fuerza Pública.
Además, el nuevo Fiscal tendrá que definir la situación política del ministro de Protección Social, Diego Palacios, y el embajador Sabas Pretelt, ambos vinculados a la ‘Yidispolítica’.
El otro tema nada fácil que estará a cargo del sucesor de Iguarán es la suerte del ex congresista Mario Uribe Escobar, primo del presidente Uribe, que aunque goza de libertad condiciones sigue vinculado al proceso de la parapolítica.
De ahí que tampoco será fácil para la Corte Suprema elegir al nuevo Fiscal General de la Nación.
